Sobre el enmarañado caso de la familia Sopeña, que fue desalojada de su propiedad de cinco hectáreas en diciembre del año pasado, ubicada en Luque, presumiblemente por maniobras ilegales, uno de los afectados Mariano Sopeña Irala manifestó que la fiscal Stella Marys Cano realizó un allanamiento improcedente en el domicilio donde reside su madre.
Dijo que la fiscal introdujo una serie de supuestas pruebas que les incriminan como autores del hecho, por lo que fue recusada.
Cano era la fiscal de una causa que había denunciado Mariano Sopeña contra Denis Giménez por estafa y producción de documentos no auténticos, ya que este último había iniciado un juicio ejecutivo para cobrar un pagaré por G. 3 mil millones, que supuestamente había firmado Ángel Sopeña Quesada, padre de Mariano y dueño del inmueble en el 2018 en representación de la firma Formasa S. A.
La fiscal Caño había allanado la casa de los Sopeña en busca de elementos en el marco de la denuncia que había presentado la propia familia afectada.
“La causa por estafa, por el pagaré de tres mil millones de guaraníes, presentado por Denis Giménez, está ahora con los fiscales Osmar Legal y Jalil Rachid. Todos los actos realizados en el allanamiento de la Fiscal Cano están siendo investigados y existe una causa abierta contra la misma”, dijo Mariano Sopeña.
Sobre el caso de Alberto Mendoza, mencionó que existe otra causa abierta contra el mismo, en la que, en el mes de noviembre del año 2021, tres peritos diferentes demostraron que el pagaré que estaba presentando el mismo, por monto de 870.000 USD, era falso. La causa está en el Juzgado de Luque. Además, Sopeña agregó que un tercer implicado, de nombre Raúl Aquino Barrios, presentó otro pagaré por el monto de 700 mil dólares americanos, y otros pagares que suman varios miles de millones de guaraníes, fueron presentados por Diego Fabián Miltos.
“Diego Fabián Miltos, Raúl Aquino Barrios, Denis Giménez y Alberto Mendoza Cuevas, son los supuestos acreedores que son parte de esta banda criminal patrocinada por Bordón Roux y Serrati” afirmó Mariano Sopeña.
Explicó que en un principio con el que más trato tuvieron fue con José Serrati. Luego quien los estuvo supuestamente defendiendo incluso hasta el día del desalojo fue Vincenzo Serrati. Posteriormente el estudio jurídico fue desmantelado y huyeron a Tulum durante más de 20 días, hasta que consiguieron recusar a las fiscales para estar a salvo.
Manifestó que las fiscales Sofía Galeano y Sandra Ledesma fueron reconfirmadas por la Fiscal General del Estado, pero volvieron a ser recusadas. Agregó que a los inicios de la investigación arrestaron a mucha gente, aproximadamente 20 personas, entonces varias de ellas tienen la potestad de recusar, y es lo que han estado haciendo sin fundamento alguno durante un mes y medio para evitar que sea posible seguir con la investigación.
