El abogado Raúl Caballero quien ejerce la defensa del exintendente de Concepción Alejandro Urbieta, explicó que el hecho punible de lesión de confianza por el cual fue procesado su cliente, parte de un contrato abierto para la realización desagües pluviales, adoquinado, empedrado que tuvo sus inicios en el año 2017 y concluyó el 29 de octubre de 2021, según consta en el acta de recepción de las obras, en el que se afirma que las obras se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas establecidas.
En ese sentido explicó que la modalidad de contrato abierto está supeditado a la disponibilidad presupuestaria, como también de aspectos climáticos, y que dichas circunstancias no permitieron el avance de las obras y que finalmente la Municipalidad de Concepción hizo la recepción provisoria de las obras en setiembre y la definitiva el 29 de octubre de 2021.
Caballero señala que el Ministerio Público prosiguió con el proceso con base a un peritaje realizado por el arquitecto Mateo Nakayama, “un peritaje que tiene inconsistencias notorias”, según los profesionales que están en el ramo vial. Indicó que la acusación fue formulada contra su cliente el 22 de setiembre del año 2021, a pesar de que las obras aún estaban en plena ejecución.
Para la defensa, la fiscalía acusó con base a información parcial el incompleta el 22 de setiembre y las documentaciones que afirman que las obras se realizaron son de fecha posterior (29 de octubre), razón la cual los abogados solicitaron el sobreseimiento definitivo o en todo caso el provisional atendiendo a que se habla de un perjuicio patrimonial, “cuando ni siquiera hay una pericia contable”, acotó Caballero.
En la fecha se realizó la audiencia preliminar en la fiscal Stella Mary Cano, solicitó el sobreseimiento provisional de Alejandro Ramón Urbieta, Pedro Alberto Vera, Arsenio Silvero Domínguez y Rigoberto Vicencini por lesión de confianza, con relación a la adjudicación a una empresa para la ejecución de obras.
El juez de la causa, José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido fiscal. Ahora la Fiscalía General debe resolver si ratifica o rectifica el requerimiento (sobreseimiento provisional).
