El Ministerio Público investigó entre los años 2020 y 2025 un total de 216 denuncias por tentativa de feminicidio, según datos del Observatorio del Ministerio Público, lo que revela la magnitud de la violencia extrema ejercida contra mujeres que estuvieron en riesgo real de perder la vida.
Las investigaciones evidencian que la mayoría de los ataques fueron perpetrados por parejas convivientes, exparejas u otros vínculos cercanos y que los hechos se concentraron principalmente en los departamentos Central y Canindeyú, considerados las zonas más críticas del país. El comportamiento anual de las denuncias muestra un aumento sostenido, con un pico histórico en el 2024, lo que refuerza la preocupación institucional ante un fenómeno persistente y de alto impacto social.
El análisis del perfil de las víctimas indica que el 36% tenía entre 30 y 59 años, mientras que el 34% correspondía a mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años, muchas de ellas madres y un 3% eran menores de edad.
En cuanto a la dinámica de los hechos, los ataques se registraron con mayor frecuencia durante los meses de verano y en jornadas de altas temperaturas, especialmente los domingos y lunes, predominando los horarios de madrugada y mañana. Las armas blancas y de fuego fueron los medios más utilizados, aunque también se constataron agresiones mediante fuerza física u objetos, lo que permitió a la Fiscalía identificar patrones de riesgo vinculados al consumo de alcohol, los celos, las rupturas recientes y la existencia de denuncias previas.
El Ministerio Público recordó que la tentativa de feminicidio está plenamente contemplada en el Código Penal y en los protocolos de investigación vigentes y que se configura cuando el autor inicia la ejecución del delito con intención de matar, aunque no logre consumarlo por causas ajenas a su voluntad.
En estos casos, la expectativa de pena es la misma que para el feminicidio consumado, pudiendo alcanzar hasta 30 años de prisión, lo que subraya la gravedad jurídica de estos hechos y la necesidad de fortalecer la prevención y la respuesta institucional ante la violencia de género.
