La inoperancia de la Fiscalía Ambiental es una invitación a la deforestación ilegal y otros delitos ambientales. Números Catastróficos en la Unidad Fiscal en Delitos Ambientales del Ministerio Público a nivel Nacional, pone de manifiesto la desproporción existente entre el gasto público generado por la institución y los irrisorios resultados.
Datos oficiales emanados de la Fiscalía Adjunta, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público, arrojan como saldo una total y absoluta indolencia en la actuación de la Fiscalía en materia Ambiental, lo que deriva en una impunidad galopante en los casos de Delitos Ambientales graves, desde el año 2015 a la fecha.
Solo en el hecho punible de Tala y quema ilegal de Bosques, uno de los principales flagelos de nuestro país, que ostenta la categoría de Crimen (3 a 8 años de pena privativa de libertad, art. 4 inc. a) de la ley N° 716/96 que sanciona Delitos contra el medio ambiente), y en el marco del cual no se puede beneficiar a los autores con ninguna salida alternativa, existe un bajísimo porcentaje de imputados, y casi nulo acusados y condenados.
Con una superestructura de 20 Unidades Fiscales, y una Dirección Especializada de Delitos Ambientales de aproximadamente 20 funcionarios técnicos, especialistas y abogados encargados de coadyuvar con la investigación Fiscal, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales apenas ha obtenido un 0,42% de condenas en procesos de tala y quema ilegal de bosques (art. 4 inc. a) ley 716/96) desde el año 2015 al año 2020, según informe oficial de la Fiscalía adjunta (Nota N° 348 de fecha 20 de setiembre de 2021).
De un total de 2364 causas sobre tala y quema ilegal de bosques ingresadas desde el año 2015 hasta diciembre del año 2020, solo se ha logrado 10 condenas, en unos de los países con más alta tasa de deforestación a nivel mundial, y que fue azotado por los incendios forestales en los últimos tiempos,
Total de causas ingresadas sobre tala y quema de bosques, a nivel Nacional desde el año 2015 al 2020.- 2364 100 %
Total de imputados
170
(7.19%)
Total de acusados
81
(3,42%)
Total de condenados
10
(0,42 %)
Esto denota una total y absoluta inoperancia de parte del Ministerio Público que estimula la comisión de hechos punibles contra el ambiente con total garantía de impunidad. Surgen números realmente alarmantes de los datos proporcionados en los informes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales, por ejemplo, solo en San Pedro, donde se ha verificado 2570,7 has de desmonte en el año 2016 (absolutamente ilegal pues se encuentra prohibido desde el 2004), ocupando el tercer lugar en ese año (solo superado por Canindeyú 5396,5 hectáreas y Amambay 4203 hectáreas, cuyo informe de causas no obran en las notas UFEDA) existe ochenta y tres (83) causas, quince (15) imputaciones, nueve (9) acusaciones y cero (0) condenas, a cinco años de haberse producido el hecho punible; lo que indica que va directo a la impunidad, puesto que estos hechos punibles con rango de crimen no permite salidas alternativas de ningún tipo.
Deforestación año 2016, Bosque Atlántico (Región Oriental)
Departamentos Superficie (ha)Canindeyú 5396,5
Amambay 4203
San Pedro 2570,7
Caaguazú 1353,2
Concepción 913,8
Caazapá 641,4
Itapúa 365.1
Alto Paraná 309,5
Paraguarí 98,6
Guairá 37,1
Total 15888,9
(*)WWF. Monitoreo Satelital de la Deforestación. Desmontes detectados en el Bosque Atlántico. Región Oriental, Paraguay. 2016.-
Con respecto al costo para el Estado de esta superestructura, es importante resaltar que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales tiene 20 Unidades Fiscales asignadas a la persecución de hechos punibles contra el Ambiente a nivel nacional, cada unidad Fiscal cuenta con 1 Agente Fiscal, 3 Asistentes Fiscales, 1 Secretario Fiscal y 1 Auxiliar; a cargo de Un Fiscal Adjunto con la misma estructura en términos de recursos humanos; el impacto presupuestario de la UFEDA (Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales), es absolutamente desproporcionado en contraste con sus resultados;
Solamente en el 2021, en el rubro salarios, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambiental, (UFEDA); esto es una (1) Fiscalía Adjunta y veinte (20) Unidades Fiscales; sin contar con la Dirección Especializada de Delitos Ambientales que tiene aproximadamente 20 funcionarios, ni la logística e insumos que se les proporciona (móvil, combustible, equipos informáticos etc.); ha costado al pueblo paraguayo 12.867.970.778 guaraníes, unos 1.856.850 dólares americanos, para conseguir menos de 2 condenas por año, específicamente 1,66 condenas anuales, sobre tala y quema de bosques, teniendo en cuenta que se ha alcanzado 10 condenas en 6 años; lo que equivale a decir que se ha pagado más de 1.000.000 de dólares por condena, absolutamente desproporcional e irracional.
Otros dato escandaloso y absolutamente inmoral extraído del informe es que en 6 años (2015 a 2020), Las Unidades Fiscales Especializada de Misiones, San Pedro, Ñeembucú, Pte. Hayes, Caazapá; Las tres Unidades de Asunción; que tienen a su cargo Capital, Central, Cordillera, Paraguarí; han logrado cero (0) Condenas en 1040 causas de tala y/o quema de bosques, sin nombre para esta catástrofe del sistema de protección ambiental, que tiene a la vista las terribles consecuencias de destrucción e impunidad.
Según este informe oficial remitido por la Fiscalía Adjunta a la Fiscalía General, en 6 años, solo se obtuvo condenas en causas sobre tala y quema de bosques o formaciones vegetales (art. 4 inc. a) Ley 716/96), en tres Departamentos;
1. Caaguazú; 7 Condenas en 1045 causas, 0,66%;
2. Guaira; 2 condenas en 19 causas, 10,52 % y;
3. Concepción 1 Condena en 260 causas, 0,38%;
No se ha informado sobre las causas correspondientes a los Departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa, donde existen áreas silvestres protegidas de importancias; como Mabaracayu, Cerro Corá, San Rafael, Ñacunday, Morombí; y es de conocimiento público que en estos Departamentos se verifica la mayor deforestación ilegal de los últimos tiempos, causada por la irresponsabilidad de seudos – productores inescrupulosos, cultivos ilegales en las Áreas Silvestres Protegidas, ante el silencio cómplice de las instituciones de Control; que mínimo debe ser considerado como una conducta omisiva, lo que tampoco es investigado por la UFEDA, lo cual indica una complicidad corporativa entre las instituciones y los Criminales para destruir los últimos remanentes de bosque que nos quedan.
