El extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Ignacio Luis Ortigoza Samudio, confesó que durante los seis años que estuvo en rebeldía jamás se ocultó y cuestionó a la Fiscalía por no haber desplegado acciones mínimas para localizarlo, asegurando que continuó con su vida social e incluso coincidió en lugares públicos con autoridades y operadores de justicia, calificando la situación de prófugo como «increíblemente cómoda».
El extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) admitió que haberse mantenido en rebeldía durante un prolongado periodo no fue la mejor decisión; sin embargo, refirió que lo hizo con el fin de esperar que transcurriera el tiempo “para tratar de observar las cosas con un cierto mejor grado de objetividad de todas las partes. Yo estoy seguro incluso que el representante del Ministerio Público hoy no tiene la misma impronta que tenía”, dijo durante su declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia que lo juzga por lesión de confianza.
Añadió que el tiempo permite que las cosas “se visualicen con mayor claridad, porque en momentos así de exaltaciones momentáneas, de mucha presión de medios de comunicación, de una u otra forma algunos afectan”.
Si bien calificó de “lamentable” su postura de permanecer prófugo, asegurando que “aunque no tiene una justificación, en cierta forma obedece a eso”, afirmó que existe una llamativa falta de empeño en la búsqueda de los declarados rebeldes. “Cuando uno está en rebeldía nadie te busca, lo cual es interesante. A mí no me buscaron. Cuando uno está en rebeldía, el Ministerio Público olvida por completo los artículos 52 y 54 del CPP, que establecen que se tiene que articular una serie de acciones inteligentemente a los efectos de obtener la efectivización de la persecución penal. Eso no existe. El Ministerio Público se conforma con mandar un pedido de captura y creen que con eso es suficiente”, recriminó.
Ante la atenta mirada de los miembros del Colegiado, insistió en que al “rebelde se lo cuida terriblemente” y criticó a la Fiscalía por no requerir ni siquiera un informe a la comisaría jurisdiccional para verificar su paradero. “En el periodo de la rebeldía que tuve me entregué lo más normal de la vida. Nunca me mudé y la residencia donde vivo está declarada en el expediente; o sea, no es una residencia rara o extraña. Voy a shoppings, restaurantes… en dos ocasiones cené en una mesa contigua a la del ministro del Interior”, relató.
Sobre el punto, comentó de forma irónica que participa activamente de los encuentros escolares de sus hijos, donde coinciden agentes fiscales, jueces, miembros de las Fuerzas Armadas y comisarios de la Policía Nacional: “Tranquilo, no pasa nada”.
El exalto funcionario continuó su exposición manifestando que “es bastante cómodo estar en rebeldía”. Recordó de manera anecdótica que el 3 de julio de 2025 fue aprehendido en su vivienda en el marco de otro operativo, vinculado a tráfico de cocaína, crimen por encargo, reducción y violación a la ley de armas, del cual fue desvinculado 48 después según escuchó en la prensa, pero evidenció que jamás lo buscaron en su propio domicilio por la causa penal por la cual hoy está siendo juzgado.
“¿Por qué opté por la ingrata situación de tener que estar en rebeldía? Por esas circunstancias, que sería también interesante que se revisen. ¿Qué pasa con los rebeldes? ¿Por qué nadie nos busca?”, cuestionó. En ese sentido, rememoró las expresiones de un ministro de la Corte Suprema de Justicia —a quien no individualizó— respecto a que “para la persecución penal, la rebeldía es una circunstancia insuperable para determinados actos procesales”.
Finalmente, ratificó ante los jueces que, aunque se trató de una determinación “poco feliz”, la experiencia le demostró que “la vida en rebeldía es increíblemente cómoda”.
El Viernes 10 de julio a las 8:30 horas se presentarán los alegatos por parte de la Fiscalía. El Tribunal de Sentencia está integrado por Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz.
LA ACUSACIÓN
En abril del 2015, los entonces fiscales René Fernández y Silvia Cabrera acusaron a Ortigoza en su carácter de titular del Indert por un presunto perjuicio patrimonial de G. 15.381.715.000, derivado de la adjudicación de tierras en la Región Occidental a valores inferiores a los establecidos.
Las fincas fiscales, 13 lotes en total, fueron adjudicadas y tituladas de forma irregular a favor de 13 personas quienes también fueron sometidas a proceso en calidad de presuntos cómplices.
La hipótesis sostiene que Ortigoza, en su carácter de titular del Indert, durante los meses de noviembre y diciembre del 2012, resolvió la exclusión de 13 lotes (totalizando 52.000 hectáreas) solicitados en expedientes administrativos, ubicados en la Colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito Bahía Negra, del departamento de Alto Paraguay.
Los fiscales señalaron que la maniobra penal se consumó mediante la alteración deliberada de los aranceles vigentes. “La mera adjudicación de los inmuebles pretendidos por los coimputados no tendría relevancia penal alguna, si además de dichas adjudicaciones no fueran dictadas sendas resoluciones firmadas por el titular del Indert, por las cuales se dispone la exclusión de la aplicación de los precios vigentes al momento de la adjudicación y titulación de los inmuebles, dando plena credibilidad a las fotocopias simples presentadas en los expedientes de reconstitución”, refiere la acusación.
Los fiscales concluyeron que el Indert recibió como pago por el precio de venta “apenas un 10% del valor vigente de tierras en dicha zona cuyo valor de mercado inclusive es superior”.
