Recordemos que a pedido de la Ministra Carolina Llanes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el miércoles pasado sin goce de sueldo, inició un sumario y remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) respecto a las juezas Laura Benítez y Nunila González Franco, quienes dictaron sospechosas resoluciones a favor de Edwin Solalinde, condenado a 24 años por narcotráfico e imputado por homicidio.
A más de las decisiones tomadas por la máxima instancia, ¿no deberían enviar una denuncia formal a la Fiscalía para que inicie una investigación por prevaricato? Si las mismas resolvieron a favor del condenado contradiciendo la ley, estaríamos en presencia del hecho punible mencionado.
El narcotraficante fue condenado hace tan solo cuatro años tras haber sido hallado culpable por una mega carga de 18.900 kilogramos de marihuana en la ciudad de Villeta, sin embargo, la magistrada Laura Benítez otorgó prisión domiciliaria al condenado para que la cumpla en Itapúa, en una de sus lujosas mansiones. Luego de que el grave hecho haya salido a la luz, Benítez revocó su resolución.
Por su parte, la Juez de Central Nunila González Franco, otorgó la misma medida a Solalinde en un caso que afronta por homicidio doloso y resolvió que el mismo cumpla con arresto domiciliario en otras de sus propiedades ubicada en Villa Elisa. El procesado también está siendo investigado por falsificar la firma de una Juez de Ejecución para lograr la reducción de su pena, lo cual agrava la situación.
