Los legisladores Raúl Benítez, Leidy Galeano, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain, presentaron un escrito ante el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Jorge Arce, mediante el cual solicitaron el impulso efectivo de la investigación abierta tras la denuncia presentada contra el presidente de la República Santiago Peña y otros, por la presunta comisión de hechos punibles contra el patrimonio y el ejercicio de la función pública.
En la presentación patrocinada por los abogados Felino Amarilla y Kattya González, los parlamentario reclamaron especificamente la realización de una pericia contable, financiera e impositiva, además de otras diligencias investigativas orientadas a verificar la evolución patrimonial, las inversiones financieras y la trazabilidad de fondos vinculados al mandatario.
Según el escrito, la denuncia original fue presentada el 22 de octubre del 2025 bajo el número 12355 y contiene elementos que, a criterio de los denunciantes, justifican plenamente la apertura de una investigación penal técnica e independiente.
Los legisladores sostienen que la Fiscalía no debe supeditar el avance de la causa a un examen administrativo de correspondencia por parte de la Contraloría General de la República. En ese sentido, cuestionan la remisión de los antecedentes a la Contraloría y afirman que dicha decisión “desnaturaliza la función constitucional del Ministerio Público” al trasladar competencias propias de la investigación penal hacia un órgano administrativo de control externo. Argumentan además que no existe disposición normativa que permita condicionar el ejercicio de la acción penal a la actuación previa de la Contraloría.
Los parlamentarios recuerdan que la Constitución Nacional atribuye al Ministerio Público la titularidad exclusiva de la acción penal pública y la dirección funcional de las investigaciones de hechos punibles. Bajo ese argumento, señalan que el caso no se limita a un simple control administrativo de declaraciones juradas, sino que involucra sospechas sobre posibles inconsistencias patrimoniales, triangulaciones financieras, evolución de activos y eventuales mecanismos de ocultamiento o simulación patrimonial.
Asimismo, sostienen que el denominado “examen de correspondencia” previsto dentro del sistema de control de declaraciones juradas constituye una herramienta administrativa vinculada al control de funcionarios públicos, pero no puede sustituir ni desplazar una investigación penal dirigida por la Fiscalía.
Otro de los puntos planteados en el escrito guarda relación con el momento en que corresponde efectuar un análisis integral de consistencia patrimonial. Los legisladores sostienen que la normativa sobre declaraciones juradas prevé especialmente ese examen al cese de la función pública, situación que actualmente no ocurre, ya que Santiago Peña continúa ejerciendo la Presidencia de la República. Por ello, consideran que la remisión del caso a la Contraloría durante el ejercicio del mandato presidencial carece de sustento jurídico suficiente.
La presentación también cuestiona la actuación previa de la Contraloría General de la República. Los denunciantes afirman que el órgano administrativo habría otorgado apariencia de regularidad formal a las declaraciones juradas sin exigir rectificaciones pese a las inconsistencias señaladas públicamente y expuestas en la denuncia penal. A criterio de los legisladores, resulta improcedente que una investigación penal dependa de valoraciones administrativas realizadas sin actividad pericial ni las garantías propias de una pesquisa penal dirigida por el Ministerio Público.
En el documento se enumeran varios elementos que, según sostienen, requieren un análisis técnico especializado. Entre ellos mencionan un supuesto incremento patrimonial exponencial entre los años 2017 y 2023; la evolución de participaciones accionarias y activos financieros; la adquisición y valorización de acciones de UENO Holding SAECA; la compra de bonos, CDA e instrumentos financieros; así como presuntas inconsistencias entre ingresos conocidos y patrimonio declarado.
También refieren movimientos patrimoniales vinculados a entidades financieras y sociedades con contratación pública, además de un crecimiento patrimonial que, según alegan, no sería compatible con los ingresos lícitos conocidos.
En ese contexto, solicitaron a la Fiscalía la designación de peritos contables y financieros independientes para realiza un análisis integral de evolución patrimonial, ingresos, egresos, activos financieros, composición societaria y trazabilidad de fondos. Asimismo, pidieron el cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria.
Los legisladores reclamaron igualmente que se determine técnicamente si existe correspondencia entre los ingresos acreditados y el patrimonio acumulado, así como la verificación de posibles variaciones patrimoniales extraordinarias o mecanismos de ocultamiento patrimonial.
Además de ello, los firmantes sostienen que el Ministerio Público tiene la obligación legal de organizar y conducir la investigación conforme a las reglas del Código Procesal Penal una vez recibida información sobre la posible comisión de hechos punibles. Bajo esa premisa, afirman que hasta el momento la Fiscalía no habría impulsado diligencias suficientes orientadas al descubrimiento de la verdad.
Finalmente, solicitaron formalmente que el fiscal Jorge Arce tenga por presentado el escrito, impulse efectivamente la investigación penal iniciada, ordene de manera inmediata la pericia contable, financiera e impositiva solicitada y disponga todas las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y su eventual calificación legal.
