En fecha 29 de diciembre del año 2016 fue promulgada la Ley N° 5777 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” que tiene como finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para que todas las mujeres ejerzan el derecho a vivir una vida libre de violencia basada en su condición de género, lo que significa un paso importante en el proceso de lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro país.
A pesar de ello, no podemos dejar de lado las alarmantes cifras sobre casos de violencia ejercida contra las mujeres; al inicio de este año la sociedad fue sacudida por casos alarmantes de feminicidio que podrían haber sido evitados si las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes mejoraran su capacidad a la hora del abordaje de las denuncias y los servicios sociales de calidad en los territorios para la implementación de la Ley vigente.
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Durante el mes de enero se reportaron 5 casos, mientras que en febrero se registró uno y en marzo otro, hasta la fecha. Estas cifras preocupantes se distribuyen a lo largo del territorio nacional, con casos registrados en departamentos como Central, Amambay, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, y uno en la capital, Asunción. Los métodos utilizados para cometer estos crímenes son igualmente preocupantes, con 3 casos donde se utilizaron armas de fuego, 2 con traumatismos (golpes) y 2 con arma blanca. Además de ello, no es menos cierto que la mayoría de los victimarios ya contaban con denuncias en su contra por violencia familiar, sin embargo, es evidente la falta de preparación de las autoridades para la activación de protocolos de seguridad para las víctimas teniendo en cuentas los fatales desenlaces.
No podemos obviar que esta Ley está siendo utilizada – de manera errónea – para acallar las voces de periodistas y evitando que los mismos sigan realizando denuncias públicas por hechos de corrupción, porque ni siquiera los magistrados tienen noción de cómo se debe implementar esta ley. Ahora, la sociedad busca derogar la Ley 5777 utilizando como excusa justamente a jueces que, en vez de velar por los derechos de los ciudadanos, utilizan las leyes en su contra. El foco debe estar en mejorar las infraestructuras y la formación en género y derechos humanos para juristas.
Los datos oficiales del propio Ministerio Público indican que el año 2022 cerró con 36 mujeres víctimas de feminicidios, acumulando desde el año 2017 un total de 255 asesinatos de mujeres por razones de género en Paraguay. Las consecuencias son terribles, además de las muertes de las mujeres, 331 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en aquel entonces. El Instituto Nacional de Estadística reveló en una encuesta realizada en el 2021 que el 78,5 % de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida, entre violencia psicológica (57,8 %), violencia física (25,7 %), violencia sexual (60,9 %) y violencia económica (25 %). En el año 2022 el segundo hecho más denunciado ante la Fiscalía fue el de violencia familiar.
No obstante, esta problemática no parece ser una de las prioridades de nuestras autoridades políticas y judiciales, ya que en muchos de estos casos no se han implementado de manera correcta y eficaz los mecanismos existentes en la ley mencionada para prevenir, proteger y atender a las mujeres, adolescentes y niñas contra todo tipo de violencia; así, el Estado deja un claro mensaje a las mujeres de que su seguridad y sus vidas no son lo suficientemente importantes actualmente.
