La reciente promulgación de la Ley N° 7614/2025 fue valorada como un avance institucional relevante para abordar irregularidades detectadas en procesos judiciales vinculados a juicios ejecutivos y descuentos salariales. Así lo señaló el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre el denominado caso de la mafia de los pagarés, al referirse al alcance de la nueva normativa.
El legislador explicó que la ley introduce mecanismos específicos de saneamiento orientados a corregir prácticas que, en numerosos casos, derivaron en embargos y descuentos aplicados sin que las personas afectadas hayan podido ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Según indicó, la norma busca evitar que este tipo de situaciones continúe generando perjuicios económicos graves, particularmente en sectores vulnerables de la población.
Filizzola recordó que la iniciativa es fruto de un trabajo coordinado entre la comisión investigadora del Senado y el Ministerio de la Defensa Pública, con respaldo del Poder Ejecutivo. En ese marco, sostuvo que la legislación refleja un consenso institucional destinado a cerrar vacíos normativos que permitieron actuaciones judiciales cuestionables y que impactaron directamente en la economía de miles de familias.
Entre los principales puntos de la ley, el senador destacó la posibilidad de suspender o levantar embargos y descuentos salariales cuando se constate la inexistencia o inaccesibilidad de expedientes judiciales, así como la falta de notificación efectiva a las personas demandadas. En estos casos, la norma establece la obligación de que los jueces actúen de oficio para resguardar las garantías constitucionales.
Otro aspecto central es la ampliación del acceso a la Defensa Pública para quienes no cuentan con recursos suficientes o se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, como adultos mayores, integrantes de pueblos originarios o personas con dificultades de movilidad. Este acceso podrá solicitarse mediante una declaración jurada, sin requisitos adicionales.
Finalmente, Filizzola subrayó que la ley no modifica el sistema procesal vigente, sino que fortalece las herramientas existentes para asegurar un debido proceso efectivo. En ese sentido, remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la subsistencia y la dignidad de las personas, incluso en el marco de conflictos patrimoniales, evitando que se repitan situaciones de abuso que comprometan derechos fundamentales.
