El abogado constitucionalista Emilio Camacho sostiene que ni los escribanos ni los funcionarios de los Registros Públicos y menos los jueces pueden inscribir u ordenar la inscripción de inmuebles otorgados a extranjeros en franja de seguridad fronteriza.
El profesional habló esta mañana para PDS radio y tv digital sobre la ley de seguridad fronteriza, que prohíbe la venta de inmuebles a extranjeros de países limítrofes (Argentina, Brasil y Bolivia), en un radio de 50 kilómetros de los límites del país, y que cuando se traten de sociedades anónimas las acciones deben ser nominativas y no endosables. El profesional fue categórico al sostener que ningún juez puede ir contra dicha ley y que, si hay una resolución contraria, no podrá el escribano transferir el inmueble en cuestión, pero si esto ocurre, la Dirección General de los Registros Públicos no podrá inscribirlo.
“Acá el encargado de aplicar esto es nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa Nacional, ya que tienen todos los inmuebles identificados dentro de la franja de dominio de seguridad fronteriza y Catastro es quien debe dar constancia de la ubicación del inmueble”, dijo Camacho.
En otro momento explica que dicha ley está vinculado directamente a la soberanía del Estado y es de orden público, que tienen casi todos los países Independientes. Manifiesta lo que hace la ley es establecer una franja de 50 kilómetros a lo largo de la frontera donde se prohíbe la transferencia de inmuebles a los nacionales vecinos a extranjeros.
“Esta ley es del 2005 y que lamentablemente fue relajándose, ya que ese mismo año se volvió a modificar, pero por lo menos es un paso positivo. Los escribanos cuando van a transferir tienen que verificar si no se encuentra dentro de la franja de seguridad fronteriza y si el comprador no sean extranjeros limítrofes”, dijo el abogado.
Explicó además que cuando se tratan compradores en sociedades, estas serán nominativas y no endosables las acciones, porque si son endosables sería una forma muy sencilla de eludir la ley.
Las afirmaciones del profesional echan por tierra la resolución de la jueza Tania Irún quien había beneficiado a empresas off shore para quedarse con tierras de 310 mil hectáreas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, límite con Brasil.
