La doctrina de los tiempos muertos se refiere a los periodos de inactividad o demora en la tramitación de un caso penal. Estos tiempos muertos pueden ocurrir por diversas razones, como la falta de impulso procesal, la complejidad del caso, la sobrecarga de trabajo o la falta de recursos.
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, los tiempos muertos no son considerados como parte del plazo de prescripción de la acción penal, es decir, no se contabilizan a efectos de determinar si ha transcurrido el plazo establecido por la ley para que se pueda ejercer la acción penal.
Sin embargo, es importante destacar que los tiempos muertos pueden tener un impacto significativo en la eficacia y la justicia del proceso penal, ya que pueden generar demoras injustificadas y afectar los derechos de las partes involucradas. Por lo tanto, es fundamental que los jueces, fiscales y demás actores del sistema de justicia penal trabajen para minimizar los tiempos muertos y garantizar que los procesos penales se tramiten de manera eficiente y justa.
