Blanca Álvarez Viuda de Samaniego, madre del diputado Esteban Samaniego, recusó al juez de garantías interino Osmar Legal, una hora antes de la audiencia preliminar que debe afrontar junto a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otras personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
La audiencia estaba prevista para las 9:30 sin embargo, la presentación fue hecha a las 8:24. Como primer alegato, la recusante señaló que Legal, quien interina a Humberto Otazú, debió inhibirse de entender en la presente causa por “decoro y delicadeza”, bajo las causales previstas en el artículo 50, numeral 13 del Código Procesal Penal (CPP). Afirmó que la Cámara de Diputados —entre ellos su hijo, Esteban Samaniego, cuya imputación no ha sido admitida debido a sus fueros— ha solicitado medidas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el magistrado por sus actuaciones en el caso del fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes.
“Es más entendible incluso su animadversión en razón a que ha sido el bloque de Honor Colorado y mi hijo, entre ellos, quienes han objetado las actuaciones del juez, fiscales e intervinientes en relación al caso del ex diputado Lalo Gomes, de manera pública”, enfatizó en su escrito.
Añadió que el juez también debió apartarse de acuerdo con las causales establecidas en los incisos 11º, 12º y 13 del artículo 50 del CPP, argumentando una habitualidad de trato con el fiscal de la causa, Silvio Corbeta, por haber sido excompañeros y colegas dentro de la misma unidad especializada del Ministerio Público.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían conformado un esquema para desviar fondos de la municipalidad del departamento de Paraguarí, principalmente durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego como intendente.
Samaniego también fue imputado, pero debido a su fuero parlamentario, la investigación quedó estancada. La acusación detalla cómo, entre los años 2017 y 2018, el legislador y su esposa, Patricia Corvalán, obtuvieron beneficios económicos indebidos a costa del desvío de recursos provenientes de la comuna, por un valor total de G. 1.108.599.918.
