La juez Alicia Pedrozo otorgó libertad ambulatoria a la abogada Lourdes Aranda, ex asesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (AMUCLIN), imputada por presunta estafa. La profesional habría promovido embargos reiterados contra trabajadoras del Hospital de Clínicas, entre ellas la enfermera jubilada Luciana Bernadet Torres.
La causa, caratulada “Lourdes Rocío Aranda Benítez s/ Estafa”, deriva de una denuncia presentada por Luciana Bernardet Torres, quien en el año 2018 canceló una deuda con AMUCLIN y recibió una constancia de pago firmada por la imputada. Sin embargo, años después se le descontó de su jubilación una suma millonaria por un juicio ejecutivo iniciado por quien adquirió los derechos de AMUCLIN, situación que dio origen a la imputación fiscal.
El agente fiscal Luis Piñánez atribuyó a Aranda Benítez la supuesta comisión del hecho punible de estafa, previsto en el art. 187 Inc. 1º del Código Penal. Según la defensa, la causa responde a una “denuncia infundada” para instrumentalizar la justicia penal luego de un juicio civil desfavorable a la denunciante.
Durante la audiencia de imposición de medidas celebrada el 19 de septiembre del 2025, la imputada compareció junto a sus abogados Fabio Ubaldo Molinas Saldivar y Víctor Daniel Marecos Benítez. La defensa destacó que Aranda Benítez es una profesional con más de 25 años de ejercicio, madre de tres hijos y con arraigo en el país, sin antecedentes penales, por lo que solicitó la eximición de medidas cautelares.
El Juzgado, tras analizar los elementos de convicción, consideró acreditado un “peligro de fuga” dada la expectativa de pena, pero no de obstrucción. En consecuencia, resolvió suspender la ejecución de la prisión preventiva y disponer medidas menos gravosas para asegurar la sujeción al proceso.
Entre las obligaciones impuestas a Aranda Benítez se encuentran la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de presentarse del 01 al 10 de cada mes a firmar el libro de comparecencias y la prestación de una fianza personal o real por Gs. 40.697.060 en un plazo de 20 días.
El caso continuará en etapa de investigación hasta la audiencia preliminar, fijada para el 21 de febrero del 2026, cuando el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo.
