El Ministerio Público presentó acusación contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas, por hechos punibles cometidos en el marco de procesos judiciales en cuatro Juzgados de Paz de Asunción en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.
De acuerdo con la acusación, las empresas de cobranzas iniciaban acciones judiciales de cobro, juicios ejecutivos y ordinarios con informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos sin que los deudores supieran de los procesos. Así, se emitían resoluciones contrarias a derecho que beneficiaban a las partes actoras. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción judicial destapados en los últimos años.
Entre los procesados se encuentran las juezas Carmen Analía Cibils, Nathalia Guadalupe Garcete y el juez Víctor Nilo Rodríguez, además de la exjuez Liliana González de Bristot. A todos ellos se les acusa de la presunta comisión de los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autores. En el caso del juez Rodríguez también se le atribuye hurto, conforme a lo establecido en el art. 161 del Código Penal.
La acusación también alcanza a una extensa lista de abogados de conocidas empresas de cobranzas, entre ellas Nexo S.A., Sistemas de Cobranzas S.A., Bristol S.A., Credi Clave, Cumplo S.A., Aureus S.A., Global Enterprises Paraguay S.A., Plan Urbano S.A., Gestiones y Cobranzas S.A., CARSA, SATEC, Credifiel S.A., Coop. San Cristóbal, Litoral Trading S.R.L., LAB S.A., Mi Paraguay S.A., Chacomer S.A.E., San Cristóbal Ltda., Serfin S.A. y Cobranzas Eficientes y Oportunas S.A. Los mismos estarían procesados como instigadores de prevaricato y autores de uso de documentos falsos.
Entre ellos figuran los abogados Ángel Aníbal Cino Isnardi, Gabriela María Vespa Centurión, José Manuel Fuster Castellano, Gabriel Darío Ojeda, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Lourdes Rocío Aranda Benítez, Diana Belén Molinas Macchi, Sun Yung Bang, Carlos Neffa Persano, José Ignacio Olmedo Lansac, Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarín Alen, Blas Antonio Rodríguez Galeano, Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, Patricia Adriana Parodi, Luis Carlos Benítez Torres, Sebastián Marcelo Benítez Porzio, Cynthia Raquel Gaona Acuña, Carlos Agüero León, Gerardo Stockel Duartel, Fátima Viola Ojeda González, Eliana Rodríguez, Marta Martinessi Culzoni, Mario Gabriel Rojas Ayala, Pedro Olmedo Cano y Félix Oscar Gill, entre otros.
También fueron acusados los ujieres notificadores Arturo Javier Ayala Franco, Jorge René Montiel Montiel, Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Alfredo Samudio, Edgar Fabián Ayala Melo, Fernando Cáceres González, Ingrid Prette Goldenberg y Heber Hernán Cardozo por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en prevaricato. A su vez, actuarios judiciales como Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivella Santacruz, Olivia Asunción Mosqueda Núñez, Pablo Cabrera Irigoitia, Gloria Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Miguel Ángel Rolón, Gloria Mariel Martínez y Liz Ortiz enfrentan cargos por uso y producción de documentos falsos y complicidad en prevaricato.
Los oficiales de justicia Fernando Iván Reyes Pérez, Melissa Talavera, Alicia Ferreira Arguello, Héctor Noguera, Stella Solans Lezcano Colmán, Lucio Renato Sosa Cáceres, Oscar Fernando Rivela Gregor, Cristian Daniel Martínez Meaurio, Hugo Ignacio Lafuente, Patricia Adriana Parodi y Paola Vargas también fueron incluidos en el requerimiento por producción de documentos públicos de contenido falso.
Según la investigación del Ministerio Público, todos ellos habrían actuado en reiteradas oportunidades, por lo que se solicitó la aplicación de los establecido en el art. 70 del Código Penal sobre acumulación de hechos punibles.
La Fiscalía también renunció al plazo restante para formular requerimiento conclusivo contra la procesada Alicia Irene Ferreira Melgarejo, conforme al art. 130 del Código Procesal Penal y solicitó la admisión de todos los elementos de convicción ofrecidos para que en juicio oral adquieran carácter de prueba. En el momento procesal oportuno, los fiscales solicitarán la aplicación de penas conforme a lo probado.
Con todas estas acusaciones, la Fiscalía pone en evidencia un esquema judicial que habría operado durante años para favorecer a empresas de cobranzas en perjuicio de ciudadanos que desconocían los procesos en su contra. Se espera que el juicio oral permita dilucidar responsabilidades y sentar un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial.
