El Ministerio Público presentó acusación formal contra el juez de Paz de la Catedral Gustavo Villalba Báez, junto a tres ujieres, un oficial de justicia y un abogado, en el marco de la investigación conocida como la “Mafia de Pagarés”. La causa, registrada como “Villalba Báez y otros s/ prevaricato, producción de documentos públicos de contenido falso y otros”, fue elevada a juicio oral y público a pedido de los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero.
De acuerdo con la acusación, los procesados habrían conformado una red que, bajo una apariencia de legalidad, permitió el avance de juicios ejecutivos sin que los deudores fueran debidamente notificados. En la práctica, los expedientes se tramitaban a espaldas de los afectados, con notificaciones ficticias y mandamientos de embargo que jamás se ejecutaban.
Según la acusación del Ministerio Público, el mecanismo consistía en que los ujieres notificadores asentaban falsamente haber entregado cédulas, mientras que los oficiales de justicia informaban sobre intimaciones de pago inexistentes. Estas actuaciones fraudulentas eran avaladas por el actuario, el abogado interviniente y el propio juez, quienes, plenamente conscientes de las irregularidades, dictaban resoluciones que daban curso a los embargos.
La investigación reveló que, en solo dos series de expedientes, 83 casos en total, se repitieron patrones de falsificación en las notificaciones. Incluso se detectaron informes donde los ujieres aseguraban haber notificado simultáneamente a decenas de personas en diferentes ciudades a la misma hora.
Según los fiscales, se trató de un esquema montado para beneficiar a empresas de cobranzas que, de esta manera, lograban embargar bienes de deudores sin darles la oportunidad de defenderse. La acusación sostiene que el juez Villalba Báez no solo permitió, sino que facilitó estas prácticas al dictar resoluciones a sabiendas de que las notificaciones eran falsas.
Además de Villalba Báez, fueron acusados el actuario judicial Aaron Valdez Cáceres, los ujieres Jorge René Montiel Montiel y Osvaldo Insfrán Vera, el oficial de justicia Ronald Iván Navarro Pérez y el abogado Alejandro Valiente Martínez. Todos enfrentan cargos por prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros hechos punibles relacionados.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos la apertura de juicio oral y público al considerar que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados en un esquema que, según los investigadores, socavó la confianza en el sistema judicial. El caso conocido como la “Mafia de Pagarés” se perfila como uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años, al involucrar a más de un magistrado en funciones y a funcionarios judiciales en una trama que afectó derechos fundamentales de cientos de ciudadanos.
