La Sala Penal remitió al Tribunal de Apelación el expediente de la causa contra la juez de paz suspendida Nathalia Garcete y otros imputados por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso en el marco de la causa “la mafia de los pagarés”. Los ministros refieren que la inhibición de uno solo de los miembros puede ser estudiada por los dos camaristas restantes.
En este caso, la magistrada Bibiana Benítez se apartó del caso y su colega Arnulfo Arias impugnó la inhibición.
En su inhibición, la magistrada Benítez Faría alegó estar comprendida en las causales del artículo 50, numerales 10 y 13, del Código Procesal Penal (CPP), es decir, haber emitido opinión previa sobre el procedimiento y la existencia de motivos graves que comprometerían su imparcialidad. Esta postura fue cuestionada por su colega Arnulfo Arias, quien entendió que la excusación carecía de fundamentos válidos y decidió impugnarla.
Sin embargo, tanto el ministro Manuel Ramírez Candia como la ministra Carolina Llanes coincidieron en que la impugnación debe ser resuelta por los jueces restantes del tribunal original y no por la Corte, atendiendo al principio de economía procesal. Por su parte, el ministro Luís María Benítez Riera consideró que sí correspondía aceptar la inhibición, al estar debidamente motivada.
Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que el Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado debe pronunciarse sobre la impugnación, devolviendo la responsabilidad al órgano jurisdiccional correspondiente.
