Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos resolvió confirmar la apertura a juicio oral contra el oficial de justicia Cristian Daniel Martínez Meaurio, dentro de la investigación conocida como mafia de los pagarés, tras rechazar el recurso interpuesto por la defensa.
La Alzada examinó la impugnación presentada contra el A.I. N° 348 dictado el 31 de octubre del 2025, mediante el cual se había denegado la suspensión condicional del procedimiento solicitada por la defensa técnica del acusado. Luego del análisis correspondiente, los camaristas concluyeron que la decisión adoptada en primera instancia se ajusta a los parámetros legales vigentes.
En su recurso, la defensa sostuvo que el juzgado de garantías habría realizado una interpretación incorrecta de los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal (CPP) para la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. Alegó que el magistrado interviniente adelantó criterios propios del debate oral al evaluar aspectos vinculados a la conducta atribuida y al alcance de la imputación, lo que, a su entender, excedía el marco de la audiencia preliminar.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que el juzgado actuó dentro de sus atribuciones, al verificar si se encontraban reunidos los presupuestos legales necesarios para conceder la salida procesal solicitada. En ese contexto, se destacó que uno de los elementos evaluados fue la forma en que el propio acusado se refirió a los hechos, reconociendo irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque negando la existencia de intención dolosa.
El camarista Gustavo Amarilla, al fundamentar su voto, señaló que las manifestaciones del procesado, tal como fueron expuestas en la audiencia preliminar, no cumplían de manera clara con los requisitos exigidos para habilitar la suspensión condicional, particularmente en lo relativo a la admisión expresa de los hechos conforme a la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público.
Asimismo, el Tribunal tuvo en cuenta que la acusación fiscal atribuye al encausado una pluralidad de conductas presuntamente irregulares, circunstancia que, conforme a la normativa penal, podría configurar un escenario incompatible con la aplicación del beneficio solicitado.
Con estos fundamentos, la Sala resolvió confirmar la resolución apelada, quedando firme la elevación de la causa a juicio oral y público, instancia en la que se dilucidará la eventual responsabilidad penal del oficial de justicia en los hechos investigados.
