El juez de garantías Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra la exjuez de paz Liliana González de Bristot en el marco de la causa conocida como «mafia de los pagarés», esquema investigado por la presunta utilización irregular de títulos de crédito y actuaciones judiciales para promover cobros ejecutivos cuetsionados. Además de la exmagistrada, hay otras 11 personas acusadas en la misma causa.
La causa involucra a exfuncionarios, auxiliares de justicia y abogados vinculados a empresas dedicadas a cobranzas. Según los antecedentes de la causa, la pesquisa apunta a una supuesta estructura que habría utilizado expedientes ejecutivos con pagarés para impulsar demandas y diligencias presuntamente irregulares, afectando a numerosas personas.
Durante la audiencia preliminar, la defensa de varios acusados solicitó la suspensión condicional del procedimiento como salida alternativa al juicio oral y público, sin embargo, el magistrado imprimió el trámite de oposición previsto en el Código Procesal Penal, al considerar que el Ministerio Público y la querella deben expresar formalmente su postura antes de que se adopte una decisión definitiva.
Los pedidos de suspensión condicional fueron planteados por Pedro Olmedo, Paola Vargas, Líder Benegas, Félix Oscar Gill y Carlos Agüero. En el caso de Benegas, el juez señaló como elemento relevante la reiteración de conductas similares, circunstancia que será valorada al momento de resolver sobre la viabilidad de la medida.
En contraste, Óscar Frutos fue condenado mediante procedimiento abreviado a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la condena. Como parte de las reglas de conducta impuestas, deberá abonar Gs. 36 millones durante un plazo de tres años en concepto de reparación del daño social.
Con esta decisión, la investigación avanza hacia una nueva etapa en la que un tribunal de sentencia deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas. El juicio oral será determinante para establecer si existió un esquema organizado de utilización irregular de pagarés y actuaciones judiciales y definir la eventual responsabilidad penal de los acusados.
