Ante el juez Humberto Otazú se realizó esta mañana la audiencia preliminar para representantes de las empresas Serfin S.A y Presto S.A, quienes fueron imputados junto al exjuez Víctor Nilo Rodríguez por supuestamente entablar juicios ejecutivos contra funcionarios del SNPP.
Las víctimas del esquema manifiestan su desacuerdo con el pedido de sobreseimiento definitivo que presentó el Ministerio Público. El juzgado deberá expedirse respecto al pedido de sobreseimiento definitivo que presentó la fiscal Karina Caballero en relación a Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, Gustavo Omar Cartes Araujo y María Belén Cartes Berin. Los mismos estaban imputados por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.
La causa penal investiga el esquema de cobros múltiples, embargos masivos y presuntos pagarés fraudulentos contra funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). La postura del Ministerio Público generó un profundo rechazo entre los trabajadores afectados, quienes consideran que los hechos investigados revelan una estructura conjunta entre directivos de la asociación de empleados y las casas comerciales para ejecutar descuentos indebidos durante años.
La abogada Ana Caballero, funcionaria y una de las querellantes, afirmó que el perjuicio sigue vigente para decenas de trabajadores que aún no pueden acceder al dinero depositado en cuentas judiciales, pese a que varios subembargos fueron levantados. Sostuvo que las empresas retiraron fondos en su totalidad antes de que los funcionarios pudieran reclamar lo que les correspondía y cuestionó que ahora los representantes comerciales aleguen desconocimiento del esquema.
Caballero señaló que, lejos de accionar civilmente contra los directivos de la asociación, con quienes, según sostuvo, existía un acuerdo de comisiones y transferencia de información, las casas comerciales optaron por demandar a los funcionarios, aprovechando que contaban con sus documentos y salarios como garantía para embargos rápidos. Relató que algunos trabajadores continúan cobrando montos irrisorios, incluso de apenas Gs. 100.000, debido a la lentitud en los juzgados civiles y de paz, lo que calificó como una “injusticia” que se arrastra desde años atrás y que terminó exponiendo los hechos que hacen a la “mafia de los pagarés”.
La querellante afirmó que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad a los representantes de Serfin y Presto, quienes, según sus palabras, mantuvieron contratos con los directivos de la asociación, permitieron el retraso intencional de reclamos y actuaron únicamente cuando el caso ya había sido denunciado públicamente. A su criterio, esto constituye participación directa en un esquema de cobros irregulares y embargos injustificados.
Anunció que los afectados solicitarán al juez Humberto Otazú que rechace el planteamiento fiscal y remita la causa a la Fiscalía General del Estado para que se formule acusación y se avance hacia un juicio oral. Destacó que más de 90 querellantes están formalmente en el expediente, pero que los perjudicados superan las 200 personas. Reclamó al magistrado que “salga de su despacho” y observe personalmente a las víctimas, quienes continúan afrontando descuentos y procesos civiles por deudas que, según afirman, ya fueron pagadas y cuyas pruebas obran en el caso.
Asimismo, la abogada adelantó que presentarán recusación contra la fiscal Karina Caballero, al señalar que la representante del Ministerio Público prometió apoyo a las víctimas durante reuniones previas, pero ahora sostiene que no existen elementos suficientes para mantener la imputación. “No pedimos que se nos perdone algo si realmente tuviéramos una deuda. Lo único que pedimos es justicia”, expresó.
Finalmente, criticó que algunas operaciones y juicios vinculados a financieras externas, como PAC y LAB, que no fueron investigadas, hayan sido trasladados a circunscripciones como San Bernardino, lo que dificultó aún más la defensa de los funcionarios y prolongó los efectos de los embargos.
El grupo de afectados insiste en que el caso no puede cerrarse sin determinar responsabilidades y sin reparar el daño económico que todavía padecen. La decisión final ahora queda en manos del juez Otazú, quien deberá resolver si avala el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía o si dispone que la causa continúe su curso hacia un juicio oral y público.
