La fiscal adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca, presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral contra el exujier Arturo Ayala, en el marco de la investigación conocida como “mafia de los pagarés”, vinculada a presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos.
El requerimiento fiscal se da tras el trámite de oposición dispuesto por el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, quien rechazó la salida alternativa solicitada por la defensa del acusado, consistente en la suspensión condicional del procedimiento. Dicha solicitud había contado inicialmente con el allanamiento de los fiscales intervinientes en la causa.
Según los antecedentes, Ayala se desempeñaba como ujier en el juzgado de Paz de La Encarnación, entonces a cargo de la juez Analía Cibils, actualmente suspendida. La investigación apunta a un esquema de notificaciones presuntamente irregulares que habrían permitido impulsar procesos ejecutivos sin el debido conocimiento de las personas afectadas.
El Ministerio Público atribuye al exfuncionario la supuesta comisión del hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso. En particular, se le señala por la firma de diligencias de notificación que no se habrían realizado conforme a los procedimientos legales, lo que habría facilitado el avance de demandas ejecutivas.
Durante su intervención en la audiencia preliminar, el acusado habría brindado detalles sobre el funcionamiento del esquema investigado, incluyendo la presunta existencia de pagos periódicos vinculados a la operativa irregular. Estos elementos forman parte de las evidencias que la Fiscalía pretende debatir en un eventual juicio oral y público.
En la misma línea, la Fiscalía Adjunta también emitió dictamen acusatorio contra Alfredo Samudio, quien se desempeñaba como ujier en otro turno del mismo juzgado, ampliando así el alcance de la causa a más funcionarios presuntamente involucrados.
El caso se inscribe dentro de una serie de investigaciones impulsadas por el Ministerio Público en relación con presuntas prácticas irregulares en juzgados de paz, particularmente en procesos ejecutivos en el marco de la causa conocida como «mafia de los pagarés» . Las autoridades buscan determinar responsabilidades individuales y esclarecer el impacto de estas actuaciones en los derechos de las personas afectadas.
