La agente fiscal Belinda Bobadilla brindó declaraciones tras la audiencia en la que se resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como “mafia de los pagarés”, que involucra a la juez de Paz suspendida Nathalia Garcete y otros funcionarios judiciales.
La representante del Ministerio Público explicó que el juzgado admitió numerosos medios probatorios ofrecidos por las defensas, bajo el criterio de amplitud probatoria que rige en esta etapa del proceso, aunque aclaró que no todos serían pertinentes ni conducentes al objeto del juicio.
Bobadilla señaló que la Fiscalía analiza la posibilidad de impugnar parte de estas decisiones, dado que algunos elementos admitidos podrían carecer de relación directa con los hechos investigados. “El Ministerio Público considera que algunos de ellos no serían pertinentes ni conducentes y eventualmente se estaría analizando la situación en cuanto a esta decisión de parte del juzgado”, manifestó.
Asimismo, informó que el juzgado resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía Adjunta para verificar la posición asumida por el Ministerio Público en torno al allanamiento a dos solicitudes de suspensión condicional del procedimiento, presentadas por ujieres notificadores imputados en la causa. La decisión final sobre estas salidas alternativas quedará a cargo del superior jerárquico del Ministerio Público.
La fiscal confirmó que siete personas fueron enviadas a juicio oral, entre ellas la magistrada suspendida Nathalia Garcete. El caso, conocido mediáticamente como “mafia de los pagarés”, investiga un presunto esquema de tramitación irregular de juicios ejecutivos y falsificación de documentos judiciales que habrían generado perjuicios a ciudadanos mediante cobros indebidos y resoluciones apócrifas.
