La agente fiscal Karina Caballero respondió a los incidentes planteados por las defensas en el marco de la audiencia preliminar de uno de los procesos vinculados al caso conocido como la “mafia de los pagarés”, ratificando la acusación y sosteniendo que existen elementos suficientes para que la causa sea elevada a juicio oral y público.
El proceso guarda relación con presuntas irregularidades en la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), donde, según la investigación fiscal, miembros de la Comisión Directiva del periodo 2019-2022 habrían incurrido en apropiación indebida y desvío de fondos. La hipótesis señala que se habrían retenido descuentos salariales de funcionarios que debían destinarse al pago de créditos, además de una presunta administración irregular de cuotas sociales y del patrimonio institucional.
En paralelo, el juez Rodrigo Estigarribia dio inicio a la audiencia preliminar en la causa que involucra al exjuez de paz de la Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta y al ujier Fernando Cáceres, ambos acusados en el mismo esquema investigado. No obstante, la diligencia registró suspensiones parciales respecto a algunas procesadas.
En ese sentido, la audiencia fue suspendida para las actuarias Gloria Morínigo y Rosa Lezcano, debido a que se encuentran participando de la audiencia preliminar relacionada con exdirectivos de la asociación del SNPP. Asimismo, la situación de la ujier Ingrid Prette quedó en suspenso a la espera de un dictamen médico sobre su estado psicológico.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Rodríguez Acosta habría dictado al menos 178 resoluciones presuntamente irregulares en el marco de juicios ejecutivos, por lo que fue acusado por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Este proceso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos, particularmente en torno a la supuesta “doble ejecución de deudas” mediante pagarés. Además, se indaga la suscripción de contratos con empresas de crédito sin la debida autorización, lo que habría generado compromisos financieros para los asociados.
