El juez de garantías Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Vilma Cabrera, Estela Villalba y Pedro Olmedo en el marco de un caso vinculada a la denominada “mafia de los pagarés”, relacionada con la asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
La decisión se sustenta en la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la acusación del Ministerio Público en esta etapa procesal.
En el caso de Estela Villalba, el juzgado mantuvo la calificación jurídica de lesión de confianza en grado de coautoría, conforme al art. 192 del Código Penal, considerando su rol dentro del consejo de administración de la organización investigada. Asimismo, el magistrado admitió las pruebas ofrecidas por las partes y rechazó los incidentes planteados por las defensas, cuyos fundamentos serán desarrollados en la resolución correspondiente.
Por otra parte, respecto a Osmar Bernardo Venialgo Recalde, el juzgado dispuso la aplicación del trámite de oposición previsto en la normativa procesal, remitiendo el expediente a un tribunal superior. Este deberá analizar la postura asumida por el Ministerio Público y determinar si corresponde sostener la acusación o adoptar una salida alternativa.
En cuanto a María Estela Díaz, el juez hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento, fijando un periodo de prueba de dos años. Entre las reglas de conducta impuestas se incluyen la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización y el pago de una reparación económica.
Medidas similares fueron otorgadas a las actuarias Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, quienes también accedieron a la suspensión condicional del procedimiento. En estos casos, además de las condiciones habituales, el juzgado dispuso el cumplimiento de una reparación social como parte de las obligaciones durante el periodo de prueba.
Con estas decisiones, el proceso avanza en distintas vías para los imputados, mientras se definen las responsabilidades penales en juicio oral para algunos acusados y se aplican salidas procesales alternativas para otros.
