El Tribunal de Sentencia ratificó la convocatoria para el 10 de marzo a fin de iniciar el juicio oral a la exjuez de paz Nathalia Garcete y otros acusados en la causa conocida como la “mafia de los pagarés”, tras rechazar los recursos de reposición planteados por las defensas. La decisión fue explicada por el presidente del colegiado, Matías Garcete, quien sostuvo que la fijación de la audiencia se ajusta plenamente a la normativa procesal.
Durante la audiencia, el magistrado señaló que los agravios expuestos por las defensas se sustentaban en la providencia que fijó la convocatoria a la audiencia oral, argumentando que existirían actuaciones pendientes respecto de otros procesados. No obstante, explicó que la normativa procesal obliga al tribunal a establecer fecha de juicio dentro de un plazo determinado, por lo que la convocatoria no vulnera derechos constitucionales ni disposiciones legales.
El juez indicó que los artículos constitucionales invocados por las defensas, relacionados con garantías procesales, no resultan aplicables para cuestionar la fijación de la audiencia, ya que, según expresó, la decisión del tribunal constituye precisamente el cumplimiento de esas garantías y del procedimiento previsto.
En ese contexto, el tribunal concluyó que no se configuró el agravio alegado y resolvió rechazar por improcedente el recurso de reposición, disponiendo que la apelación subsidiaria continúe su trámite conforme a derecho.
Respecto al planteamiento específico de la defensa de la exmagistrada Garcete, que alegó no contar con copias completas para preparar el juicio, el presidente del tribunal explicó que, de acuerdo con informes de la actuaria, las copias fueron puestas a disposición y pueden completarse con antelación suficiente antes de la fecha fijada.
El magistrado precisó que el eventual análisis sobre la falta de copias solo podría realizarse si al momento del inicio del juicio se verificara una afectación real al ejercicio de la defensa, lo cual, según dijo, no ocurre actualmente por tratarse de un planteamiento anticipado. Asimismo, el tribunal exhortó a las partes a actuar conforme al principio de buena fe procesal, recordando la obligación de colaborar con el desarrollo ordenado del proceso.
En ese sentido, advirtió tanto a la exmagistrada como al abogado vinculado a la firma Carsa que deben litigar respetando ese principio. El presidente del tribunal también mencionó la magnitud del expediente, que cuenta con decenas de tomos y numerosos incidentes, señalando que, pese a la complejidad, la tramitación de copias y actuaciones puede realizarse dentro de plazos razonables.
Finalmente, el colegiado resolvió mantener firme la convocatoria al juicio oral y público para marzo, dejando en claro que los recursos subsidiarios seguirán su curso procesal correspondiente, mientras la causa avanza hacia la etapa del juicio oral.
