La Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “Mafia de los Pagarés” presentó un informe de avance que revela la magnitud del esquema que afectó a miles de funcionarios públicos, docentes, jubilados y trabajadores de todo el país. El documento, fechado el 01 de diciembre de 2025, expone un patrón sistemático de abusos financieros, irregularidades administrativas y graves fallas de control institucional que permitieron la multiplicación artificial de deudas y embargos masivos.
Según los datos recabados, más de 6.600 personas fueron registradas como víctimas, con un promedio de ocho embargos por individuo y hasta catorce en el caso de docentes indígenas. La Comisión detalló que existieron prácticas irregulares tanto en juzgados de paz como en instituciones del Estado, entidades financieras, casas comerciales y asociaciones intermediarias, conformando una compleja red que derivó en descuentos salariales automáticos sin respaldo documental y en demandas judiciales masivas.
Uno de los hallazgos más significativos es el impresionante volumen de juicios ejecutivos: más de 333.000 procesos, con embargos que superan los Gs. 2,2 billones, equivalentes a unos 314 millones de dólares. Solo el Juzgado de Paz de Encarnación concentró el 31% de los casos y operó con montos superiores a los Gs. 577 mil millones, convirtiéndose en el principal foco judicial del esquema detectado.
El informe describe cómo las autorizaciones de descuento eran firmadas con campos incompletos, sin fechas, sin vencimientos ni detalle de cuotas, lo que permitía que las mismas operaciones se ejecutaran una y otra vez. Casos extremos como el de Sixto, un docente indígena que terminó con el 56% de su salario embargado sin haber sido notificado de 18 juicios, o el de Ninfa, una docente jubilada que pagó durante diez años una deuda de un millón de guaraníes que fue multiplicada de forma fraudulenta, ilustran el alcance humano del problema.
La Comisión también apuntó a un patrón recurrente; las víctimas nunca recuperaban los pagarés originales, lo que facilitaba su reejecución y permitió incluso la aparición de nuevos tenedores que volvían a reclamar montos ya cancelados. Las entidades financieras, intermediarios, asociaciones y casas comerciales rechazaban entregar documentación, obstaculizaban la revocatoria de débitos y mantenían sistemas opacos que impedían verificar la legalidad de los descuentos.
El trabajo de verificación incluyó acceso a extractos, contratos, registros de descuentos en giradurías públicas y datos de entidades privadas. Identificó que cinco juzgados de Asunción concentraron el 82% de los juicios y el 66% de los montos embargados, lo que sugiere un esquema centralizado y altamente lucrativo. La comisión sostiene que la ausencia de controles permitió la proliferación de operaciones fantasmas, intereses usurarios y cargas abusivas que duplicaban o triplicaban el capital real.
Entre los logros alcanzados, el informe destaca la devolución de pagarés indebidamente ejecutados, el desistimiento de demandas por parte de empresas acreedoras y la restitución de montos cobrados de forma irregular. Asimismo, se impulsaron reformas legislativas como la nueva reglamentación del Banco Central para entidades financieras y la aprobación de límites a los descuentos salariales en el sector público, además de proyectos para fortalecer los juzgados de paz y sancionar prácticas fraudulentas.
Pese a los avances, la Comisión advierte que aún permanecen pendientes medidas clave, como regular los burós de información crediticia, establecer multas por no devolver pagarés, limitar los descuentos a jubilados y culminar auditorías y fiscalizaciones en entidades involucradas. También urge a crear mecanismos para evitar créditos tramitados con documentos robados o ajenos.
El informe concluye que el esquema de la “mafia de los pagarés” operó durante años bajo vacíos normativos, falta de controles y prácticas abusivas que golpearon con especial dureza a sectores vulnerables. La Comisión enfatiza que las víctimas “tienen rostro” y reclama que los organismos del Estado actúen con celeridad para frenar definitivamente un sistema que, según sus palabras, “no puede seguir”.
