En una entrevista con PDS Radio la defensora pública Marianela Cazal detalló los avances y desafíos que enfrenta la Defensoría Pública en el marco de las denuncias contra la denominada “mafia de los pagarés”, una estructura que, según las investigaciones, habría promovido cobros indebidos a través de juicios irregulares contra exfuncionarios públicos.
Uno de los casos más recientes involucra a la señora Luciana Bernadette Torres, jubilada, quien fue sometida a un juicio civil por una deuda ya saldada. “La demanda inicial fue por Gs. 9 millones, pero la liquidación llegó a más de Gs. 40 millones. Ya se depositaron Gs. 23 millones en una cuenta judicial y se intentaba retirarlos”, explicó Cazal. Ante esta situación, la defensa pública presentó una medida cautelar innominada para frenar la extracción de fondos hasta que se resuelva la causa penal.
Un punto central del caso es la falta de notificaciones válidas. “A la señora nunca le llegaron las cédulas de notificación en su domicilio real. Algunas eran dirigidas al Hospital de Clínicas, pero no hay constancia de recepción”, advirtió la abogada, quien también expuso que esta práctica se repitió en muchos casos: “Notificaciones voladoras”, las llamó. Cazal confirmó que ya existe una imputación contra personas involucradas en el esquema y que la presunta responsable de litigar contra la señora Torres también figura entre los imputados.
Actualmente, la Defensoría Pública de la Capital asiste a más de 90 personas afectadas por estos procesos judiciales irregulares. “Cada caso es diferente, pero todos comparten características similares: falta de notificaciones reales, montos inflados y ejecución de embargos sobre personas que ya pagaron sus deudas o ni siquiera sabían que estaban siendo demandadas”, indicó.
Uno de los obstáculos más grandes, según explicó, es el estado de los expedientes judiciales. “Muchos no aparecen, fueron llevados a auditorías, al Ministerio Público o incluso retenidos por empresas privadas. Algunos desaparecieron”, dijo. Aun así, destacó que se pueden iniciar procesos mediante reconstitución de expedientes, a partir de copias de resoluciones o documentos que obran en manos de las partes.
Para las personas interesadas en acceder a asistencia legal gratuita en este contexto, Cazal facilitó dos números de contacto específicos para el caso: 0971-744-020 (Leandro Rolón) y 0981-553-286 (Adam Fariña), encargados de recepcionar denuncias relacionadas con la “mafia de los pagarés”.
Finalmente, Cazal hizo un llamado a la ciudadanía: “A pesar de la dificultad, no hay que perder la esperanza. La Defensoría Pública está disponible y existen herramientas legales para revertir estas injusticias. Solo pedimos paciencia, porque el proceso es complejo”.
