La Fiscal Karina Caballero presentó una nueva imputación contra el juez de paz Víctor Nilo Rodríguez y contra 10 personas más, por supuesta apropiación, lesión de confianza y hechos punibles relacionados a documentos falsos.
El caso guarda relación principalmente con irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos ante la aparente doble ejecución de deudas concedidas mediante pagarés. En el proceso fueron incluidos exdirectivos de la Asociación de funcionarios del SNPP, que habrían firmado contratos con empresas de créditos sin tener la potestad para ello.
Los acusados habrían conformado un esquema que permitió el uso indebido de aportes sociales, descuentos salariales y documentación falsa para promover juicios ejecutivos fraudulentos contra trabajadores del SNPP.
Los hechos se remontan al periodo 2020 – 2024, cuando miembros de la Comisión Directiva de la Asociación habrían desviado fondos millonarios, consistentes en más de Gs. 5.500 millones, según una auditoría independiente, sin autorización de la Asamblea General ni respaldo documental. Parte de esos recursos provenían de préstamos otorgados a los socios por casas de crédito como SERFIN S.A. y PRESTO S.A., cuyos contratos eran gestionados directamente por la Asociación, actuando como codeudora solidaria.
Entre los imputados se encuentran el expresidente de la Asociación, Arnaldo Maciel y la extesorera Wilma Cabrera, quienes firmaron contratos con las firmas mencionadas sin contar con mandato de los asociados. Según el acta de imputación, estos convenios establecían la retención de cuotas de préstamos directamente de los salarios de los socios, pero los fondos no eran transferidos a las casas de crédito. A pesar de ello, las entidades financieras iniciaban procesos judiciales con pagarés supuestamente adulterados, en los que reclamaban montos ya cancelados.
El mecanismo estaba basado en la presentación de documentos sin respaldo, fechas alteradas y notificaciones falsas, que formaban parte de una red que, presuntamente, involucró a funcionarios del Juzgado de Paz de la Recoleta, incluidos un juez y varias actuarias y notificadores. Se acusa a estos funcionarios de facilitar embargos sobre salarios sin que los demandados tuvieran conocimiento efectivo de los procesos en su contra.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Fanny Von Lucken, quien, tras pagar puntualmente su crédito, fue demandada por una deuda inexistente. El perjuicio estimado en su caso asciende a más de un millón de guaraníes. Casos similares se repiten con otros asociados, como Antonio Núñez y Reinaldo López, quienes también fueron víctimas de dobles cobros y ejecuciones basadas en títulos posiblemente falsificados.
La Fiscalía sostiene que la Asociación actuó como una entidad de intermediación financiera no autorizada, infringiendo la Ley Nº 861/96. Además, los responsables habrían utilizado los recursos institucionales en beneficio de las casas de crédito, percibiendo bonificaciones por planillas cobradas, en abierta contradicción con los fines mutualistas y estatutarios de la entidad.
