El juez Rodrigo Estigarribia otorgó libertad ambulatoria a la abogada Lourdes Roció Aranda Benítez, quién está imputada como instigadora del prevaricato y por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso. Se trabó embargo sobre un inmueble hasta cubrir la suma de Gs. 200.000.000.
Aranda compareció ante el juzgado acompañada de sus abogados defensores, quienes solicitaron la eximición de medidas cautelares, argumentando su arraigo, colaboración con la investigación y carencia de antecedentes. Alegaron además que la profesional es sostén económico de sus tres hijos y presentó como caución un inmueble valuado en 180 mil dólares.
Sin embargo, el juzgado consideró que existen indicios de una participación relevante en hechos punibles graves y complejos, como la intervención en un esquema coordinado para falsificar y utilizar documentos oficiales. Esta situación justificó la imposición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, bajo los términos del art. 245 del Código Procesal Penal.
Las medidas impuestas incluyen la comparecencia trimestral ante el juzgado, la prohibición de salida del país, la obligación de notificar cualquier cambio de domicilio o contacto y la presentación de documentación relativa a la propiedad ofrecida como caución. En caso de incumplimiento, las medidas podrían ser revocadas y sustituirse por otras más severas.
El magistrado justificó su decisión en la necesidad de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso sin recurrir a una medida tan gravosa como la privación de libertad, en atención al principio de proporcionalidad y presunción de inocencia.
Por último, se dispuso el embargo preventivo del inmueble ofrecido como caución real, hasta cubrir la suma de Gs. 200.000.000. Esta decisión refuerza la intención del juzgado de asegurar el sometimiento procesal de la imputada, sin vulnerar de forma desproporcionada sus derechos fundamentales.
Lourdes Rocío Aranda Benítez fue imputada por el Ministerio Público por lla preusnta comisión de los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. La investigación, a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, sostiene que Aranda habría instigado resoluciones judiciales irregulares y coadyuvado en la utilización de documentos presuntamente falsificados en procedimientos judiciales.
