El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió conceder medidas alternativas a la prisión preventiva a seis de los imputados en el caso conocido como “la mafia de los pagarés”, que investiga un presunto esquema de falsificación y cobro fraudulento de títulos de crédito. Entre los beneficiados con la libertad ambulatoria se encuentran funcionarios judiciales y profesionales del derecho, quienes ahora deberán cumplir estrictas condiciones impuestas por el juzgado.
Los imputados Martina Elsa Rivela Santacruz, Líder Rodrigo Benegas Cristaldo, Arturo Javier Ayala Franco, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Ricardo Ramón Cuevas y el abogado Carlos Alberto Agüero León fueron liberados bajo cauciones reales de Gs. 200.000.000 cada uno, además de otras medidas sustitutivas que varían en función de cada caso.
Líder Rodrigo Benegas Cristaldo, ujier, deberá residir en el domicilio fijado en la causa, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización previa del juzgado. Se le prohíbe además modificar su número telefónico, salir del país y deberá presentarse entre el 01 y el 10 de cada mes para firmar el libro de comparecencia. Las mismas obligaciones fueron impuestas al abogado Carlos Agüero León, aunque con una periodicidad trimestral para la comparecencia.
En tanto, Nicolás Antúnez Tillería y Ricardo Ramón Cuevas, también ujieres, deberán comparecer de forma trimestral entre el 01 y el 05 de cada mes, notificarse de todas las audiencias de forma oportuna y comunicar cualquier cambio de domicilio o número telefónico. Ambos tienen prohibida la salida del país sin autorización judicial. Por su parte, Martina Elsa Rivela Santacruz, actuaria judicial, fue igualmente obligada a comparecer trimestralmente y deberá presentar, en un plazo de 20 días hábiles, el informe de condiciones de dominio y la tasación del inmueble ofrecido en garantía, libre de gravámenes.
La situación del actuario Aarón Itamar Bernabé Valdez Cáceres tomó un rumbo diferente, debido a que el magistrado rechazó el recurso de reposición interpuesto por la defensa del mismo, alegando que el procedimiento fue llevado a cabo con apego al marco constitucional y procesal. La causa, según el Juez Estigarribia, cuenta con una teoría del caso válida y un tiempo de investigación racionalmente establecido. El expediente ha sido remitido a la Cámara de Apelación especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado para la tramitación de la apelación subsidiaria presentada por la defensa.
