Un Tribunal de Apelación otorgó cinco meses más a la Fiscalía para continuar la investigación contra el exjuez de paz Víctor Nilo Rodríguez y otras siete personas, entre ellas exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del SNPP. El caso guarda relación con irregularidades en el manejo de la Asociación y con el cobro de préstamos ya cancelados mediante la ejecución irregular de pagarés.
La investigación involucra a ocho personas imputadas por hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, prevaricato y producción y uso de documentos públicos falsos. Entre los procesados figuran Arnaldo Rafael Maciel Riveros, Wilma Mercedes Cabrera, Blas Emilio Mora Jiménez, Pedro Adolfo Olmedo Caro, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, Gloria Isabel Morínigo Gill, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Rosa del Pilar Lezcano Correa.
La fiscal Karina Caballero argumentó que aún se encuentra pendiente la ampliación de una pericia contable clave para determinar la trazabilidad de fondos de una asociación y la efectiva aplicación de descuentos salariales de más de 200 socios. Este dictamen técnico es considerado esencial para fundar el requerimiento conclusivo y precisar el eventual perjuicio patrimonial ocasionado.
En su resolución, el Tribunal destacó que el pedido de prórroga fue realizado dentro del plazo legal y que la naturaleza de los hechos punibles investigados requiere tiempo adicional para analizar e incorporar el caudal probatorio reunido. Además, señaló que la defensa también necesita acceder a la documentación pendiente para cumplir con el principio de igualdad procesal y contradicción.
La lista de documentos en estudio es extensa e incluye planillas de descuentos salariales, pagarés, contratos, órdenes de crédito de varios años, recibos de cancelación de créditos y documentos remitidos por distintas entidades financieras. En total, se citan 25 biblioratos de planillas aún no analizadas por los peritos. Estos elementos son determinantes para definir responsabilidades penales y la magnitud del daño patrimonial.
Con esta decisión, el Tribunal fijó como nueva fecha para la formulación del requerimiento conclusivo el 21 de marzo del 2026, dando al Ministerio Público cinco meses adicionales para concluir las diligencias investigativas. Esta prórroga permitirá a las partes, tanto acusación como defensa, contar con peritajes completos para sostener sus posiciones en la etapa final de la investigación. Finalmente, el Tribunal resaltó que la medida responde al principio de búsqueda de la verdad y libertad probatoria, priorizando la calidad y exhaustividad de la investigación sobre la celeridad formal.
