El juez Humberto Otazú se ratificó en la admisión de la imputación contra el actuario Pablo Matías Cabrera y la ujier notificadora Mariam Adelaida Ortiz Aquino, a más de Fátima Violeta Ojeda, abogada de la firma Mi Paraguay S.A., en el marco de la causa “mafia de los pagarés”. La reposición rechazada será estudiada por la Cámara de Apelación.
Los mismos están siendo procesados por la presunta comisión de múltiples hechos punibles relacionados con la falsificación de documentos públicos y prevaricato.
Los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero imputaron el pasado 21 de marzo del corriente año a Ortiz Aquino y Cabrera Irigoitia por su participación en una presunta maniobra de falsificación masiva de documentos judiciales que habría permitido impulsar irregularmente decenas de procesos judiciales.
Según la imputación, Ortiz Aquino, ujier del Juzgado de Paz de La Catedral, habría informado haber diligenciado notificaciones judiciales en diversas ciudades del país en fechas y horarios que resultan logísticamente imposibles, lo que sugiere que los informes fueron falsificados. Por su parte, Cabrera Irigoitia, en su rol de actuario judicial, habría informado falsamente que esas notificaciones fueron debidamente realizadas, cuando en realidad no lo fueron, contribuyendo así a que la juez dictara resoluciones sin que las partes hubieran sido legalmente notificadas.
La defensa, a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, alegó que la providencia judicial del 26 de marzo que admitió la imputación violó garantías del debido proceso, por considerar que el acta de imputación no cumple con los requisitos establecidos en el art. 302 del Código Procesal Penal (CPP) y la Acordada N.º 1631/2022.
Sin embargo, tras escuchar los argumentos de las partes y revisar el acta de imputación, el juzgado demostró que el Ministerio Público actuó conforme a derecho, habiendo individualizado claramente a los imputados, descripto los hechos con precisión y solicitado el plazo procesal correspondiente para la investigación.
En consecuencia, el juzgado resolvió no hacer lugar al recurso de reposición y dispuso la remisión del caso al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, para la tramitación de la apelación subsidiaria.
