El juez Humberto Otazú ratificó la convocatoria para los días 03 y 04 de noviembre para realizar la audiencia preliminar del juez de Paz de la Catedral Gustavo Villalba y otras cinco personas más, que fueron acusadas por su presunta participación en el esquema de la mafia de los pagarés.
El juzgado de garantías rechazó la reposición que planteó Villalba, quien buscaba que se ordene la suspensión de la preliminar por el simple hecho de que la citación fue apelada por un coprocesado. El magistrado envió el expediente al Tribunal de Apelación para el estudio de la apelación subsidiaria.
De acuerdo con la acusación, los procesados habrían conformado una red que, bajo una apariencia de legalidad, permitió el avance de juicios ejecutivos sin que los deudores fueran debidamente notificados. En la práctica, los expedientes se tramitaban a espaldas de los afectados, con notificaciones ficticias y mandamientos de embargo que jamás se ejecutaban.
Según el requerimiento conclusivo, el mecanismo consistía en que los ujieres notificadores asentaban falsamente haber entregado cédulas, mientras que los oficiales de justicia informaban sobre intimaciones de pago inexistentes. Estas actuaciones fraudulentas eran avaladas por el actuario, el abogado interviniente y el propio juez, quienes, plenamente conscientes de las irregularidades, dictaban resoluciones que daban curso a los embargos.
La investigación reveló que, en solo dos series de expedientes, 83 casos en total, se repitieron patrones de falsificación en las notificaciones. Incluso se detectaron informes donde los ujieres aseguraban haber notificado simultáneamente a decenas de personas en diferentes ciudades a la misma hora.
