Un Tribunal de Apelación revocó resolución que fijó para los días 03 y 04 de noviembre la audiencia preliminar del juez de Paz de la Catedral Gustavo Villalba y otros cinco acusados más. Esto debido a que las defensas aún no accedieron a ciertas pruebas presentadas por la Fiscalía. La decisión se dio tras el voto en mayoría de los camaristas Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.
El recurso de reposición con apelación en subsidio fue interpuesto por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel Sabe, en representación del magistrado. La defensa alegó que la acusación fiscal fue presentada fuera de plazo y sin acompañar todas las evidencias exigidas por el art. 347 del Código Procesal Penal (CPP), lo que, según los recurrentes, vulneraría el derecho a la defensa y los principios de legalidad y preclusión procesal.
Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, analizaron los antecedentes del expediente. En voto mayoritario, el juez Gustavo Amarilla concluyó que, si bien la acusación del Ministerio Público fue presentada en fecha, se detectó la necesidad de garantizar el acceso pleno de las partes a los medios de prueba, especialmente a los archivos digitales consistentes en un CD y pendrive remitidos con la acusación. Por ello, la Alzada consideró procedente revocar la decisión apelada y ordenar la verificación y disponibilidad de todas las evidencias antes de la audiencia preliminar.
La camarista Silvana Luraghi se adhirió al voto del preopinante, mientras que la juez Claudia Criscioni sostuvo que el recurso era improcedente, al entender que la convocatoria a audiencia preliminar no causaba agravio directo y que las objeciones debían plantearse durante dicha audiencia. En esta causa, conocida como “mafia de los pagarés” se investigan presuntos hechos de prevaricato, asociación criminal y otros delitos económicos, vinculados al manejo irregular de documentos judiciales y actuaciones procesales.
Con la decisión adoptada, el expediente volverá al juzgado de garantías para reprogramar la audiencia preliminar y asegurar la revisión íntegra de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.
