Luego de varias suspensiones, inició ante el juez Rodrigo Estigarribia la audiencia preliminar de la juez de paz suspendida, Analía Cibils y otros 9 acusados que habrían participado en el esquema conocido como la mafia de los pagarés.
Entre los acusados se encuentran los abogados Lourdes Aranda, Ángel Cino, José Fuster, Gabriel Ojeda y Gabriela Vespa. Además, también están los actuarios Martina Rivela y Ramón Cuevas, y los ujieres Arturo Ayala y Jorge Montiel. Respecto a la acusada Leticia Núñez, el juzgado declaró su rebeldía y ordenó la captura ya que no llegó a tiempo para su audiencia. Su abogada indicó que tuvo inconvenientes con su vehículo y quedó en el tráfico.
La agente fiscal Belinda Bobadilla expuso los fundamentos de la acusación presentada por el Ministerio Público contra once personas; según la fiscal, los hechos investigados se encuadran en los supuestos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de dichos documentos. La acusación sostiene que las conductas habrían sido cometidas en el Juzgado de Paz de La Encarnación durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2024.
De acuerdo con la exposición, en ese lapso se habrían tramitado múltiples acciones ejecutivas promovidas por empresas de cobranza a través de abogados particulares, entre ellos Lourdes Aranda, Ángel Cino, José Fuster, Gabriel Ojeda y Gabriela Vespa. Estas presentaciones incluían la preparación de acciones ejecutivas acompañadas de pagarés y otros documentos.
La fiscal explicó que, una vez sorteados los expedientes, el juzgado dictaba providencias iniciales que ordenaban la notificación a los demandados para el reconocimiento de firmas. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que dichas notificaciones no se realizaban efectivamente. En este esquema, los ujieres notificadores, entre ellos Arturo Ayala y Jorge Montiel, habrían consignado en informes que las diligencias fueron cumplidas, pese a que, según la acusación, no se llevaron a cabo en la práctica.
La fiscal indicó además que esta situación no solo habría sido conocida por los ujieres, sino también por los actuarios judiciales Martina Rivela y Ramón Cuevas, así como por los abogados intervinientes y la propia jueza, lo que configuraría una actuación coordinada. Entre las personas acusadas también se encuentra Leticia Núñez, cuya participación forma parte del esquema investigado por el Ministerio Público.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la omisión de las notificaciones tenía como finalidad permitir el avance de los procesos judiciales sin la intervención de los demandados, privándolos de la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. En consecuencia, muchas de las personas afectadas habrían tomado conocimiento de los juicios únicamente al momento de registrarse embargos u otras medidas ejecutivas sobre sus bienes o ingresos.
La Fiscalía sostiene que este mecanismo habría generado un perjuicio directo a los demandados, quienes no pudieron intervenir en los procesos ni cuestionar las obligaciones reclamadas.
De acuerdo con la acusación, las empresas de cobranzas iniciaban acciones judiciales de cobro, juicios ejecutivos y ordinarios con informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos sin que los deudores supieran de los procesos. Así, se emitían resoluciones contrarias a derecho que beneficiaban a las partes actoras. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción judicial destapados en los últimos años.
El caso se encuentra en etapa de análisis judicial y, de ser elevado a un juicio oral y público, será el tribunal competente el encargado de determinar la responsabilidad penal de los acusados conforme a las pruebas presentadas por las partes.
