Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero imputaron a 3 jueces de Paz de la Capital y a una exjueza, a más de 59 personas que habrían formado parte del esquema de estafa conocido como la «Mafia de los pagarés».
La imputación incluye a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso: así como a los ujieres de los Juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2° turno y San Roque; también a abogados vinculados con empresas de cobranzas. La investigación surgió a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos de la Corte, que examinaron expedientes de los distintos Juzgados de Paz.
Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.
Según la imputación, los jueces habrían dictado resoluciones judiciales contrarias a derecho, beneficiando a empresas especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado.
