El agente fiscal Leonardi Guerrero emitió un comunicado oficial en relación con las manifestaciones realizadas en la Sala de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, dentro de una causa penal que involucra a una magistrada en funciones.
En su informe, el representante del Ministerio Público detalló la cronología de la imputación presentada contra la magistrada y explicó los procedimientos adoptados a partir de dicha actuación fiscal. Guerrero señaló que, debido a que la investigada cuenta con fueros, el juzgado competente comunicó la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, junto con el pedido de desafuero correspondiente, conforme a lo establecido en las normas procesales vigentes.
Asimismo, indicó que en fecha 20 de mayo la Fiscalía puso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la imputación formulada, remitiendo copia de la misma para su consideración y a efectos de la adopción de medidas que estimen pertinentes, teniendo en cuenta que la magistrada continúa en el ejercicio de sus funciones en el interior del país.
El fiscal también aclaró que, según la revisión de la carpeta fiscal, la magistrada no solicitó acceso ni intervención en las actuaciones, ni de forma personal ni a través de representante legal, antes o después de la presentación de la imputación.
En relación con los hechos, Guerrero relató que durante una audiencia preliminar realizada el 20 de mayo en el salón auditorio del Poder Judicial, en el marco de la causa conocida como mafia de pagarés, una abogada vinculada a otro procesado le manifestó que la magistrada deseaba dialogar con él en una oficina contigua. Ante esa situación, el fiscal afirmó que respondió que cualquier planteamiento debía realizarse a través de los canales procesales establecidos y dentro de la sede fiscal correspondiente, en respeto a las normas del sistema acusatorio.
Finalmente, el agente fiscal sostuvo que todas las actuaciones desarrolladas se ajustaron estrictamente a las disposiciones legales vigentes, destacando que las comunicaciones dentro de una investigación penal deben canalizarse mediante los mecanismos institucionales previstos, garantizando los principios de legalidad, objetividad y transparencia.
El Ministerio Público reiteró que el proceso continúa en trámite y que las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las instancias correspondientes para su análisis dentro del marco legal aplicable.
