Magistrados del Poder Judicial manifestaron que no se oponen a una eventual reforma de la Caja Fiscal, pero solicitaron al Congreso Nacional un tratamiento más prudente del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, con mayor tiempo para el análisis y el debate. Advirtieron que una modificación apresurada y sin consenso podría derivar en una jubilación masiva de jueces y camaristas, con impacto directo en el funcionamiento del sistema judicial.
El juez Carlos Hermosilla señaló que la discusión sobre la Caja Fiscal debe abordar el problema de fondo y no limitarse a medidas transitorias. Sostuvo que, si la situación financiera del sistema previsional requiere “cirugía mayor”, esta debe realizarse de manera integral y equitativa, involucrando a todos los servidores públicos y no únicamente a determinados sectores. En ese sentido, afirmó que, de ser necesario, todos podrían trabajar más años o realizar mayores aportes, siempre que las decisiones sean generales y no selectivas.
Hermosilla indicó además que la familia judicial se encuentra analizando el proyecto presentado por el Ejecutivo y elaborando ajustes y propuestas alternativas, pero subrayó que este trabajo requiere tiempo, asesoramiento técnico y consenso interno. Añadió que no es posible presentar iniciativas serias sin un estudio profundo y coordinado dentro del Poder Judicial.
Por su parte, el camarista Jorge Barboza informó que se contrató a un equipo de economistas y especialistas para la elaboración de propuestas técnicas que permitan garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal a largo plazo y reducir o eliminar su déficit. Según explicó, el objetivo es presentar alternativas que contemplen tanto el aspecto económico como el impacto social de la reforma.
Barboza advirtió que, de aprobarse el proyecto del Ministerio de Economía en su versión actual, el perjuicio no solo alcanzaría a los operadores judiciales, sino también a la ciudadanía, debido a una eventual renuncia masiva de magistrados. Detalló que actualmente cerca de 200 jueces ya cuentan con resoluciones de jubilación y que otros 200 estarían tramitando sus pedidos ante la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, lo que podría representar la salida de aproximadamente el 40% de los magistrados a nivel país.
El camarista sostuvo que los cambios en las condiciones de jubilación deben realizarse de manera dialogada, gradual y consensuada, y advirtió que una modificación unilateral resulta perjudicial no solo para los magistrados, sino para el sistema en general. Recalcó que los aportes realizados por los funcionarios judiciales provienen de descuentos salariales y que su administración requiere un tratamiento diferenciado y responsable.
Finalmente, los magistrados reiteraron su pedido de ser escuchados por las autoridades legislativas y de participar activamente en la construcción de una solución armónica que permita garantizar la sustentabilidad de la Caja Fiscal sin afectar derechos adquiridos ni el normal funcionamiento del Poder Judicial.
