La Defensa Pública ha desempeñado un papel clave en la representación y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Paraguay durante el año 2024. Según el informe preliminar de la Dirección de Estadísticas, a cargo del director Diego Núñez, la institución representó a 25.232 menores en nuevos juicios iniciados entre enero y diciembre del año pasado.
De los casos atendidos, 11.910 correspondieron a niños y 13.322 a niñas, lo que evidencia un alto nivel de demanda en la defensa de los derechos de la infancia. A nivel nacional, 139 defensores y defensoras públicas trabajan en la atención de estos casos, garantizando la asistencia jurídica a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Durante este período, la Defensa Pública también intervino en 2.148 nuevas medidas cautelares, enfocadas en brindar protección inmediata a los menores de edad. Entre los casos más recurrentes se encuentran la asistencia alimenticia, con 1.199 juicios iniciados y la homologación de acuerdos, que sumó 1.029 casos. Otras áreas de intervención incluyeron el régimen de relacionamiento, autorización para viajar, restitución, asistencia alimenticia prenatal, filiación y situaciones de maltrato.
Asimismo, la Ley N° 6486/2020, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción, ha sido un eje central en la labor de la Defensa Pública. Actualmente, 5.784 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo cuidados alternativos en el país, de los cuales 859 están en situación de abrigo y 4.925 en guarda. La labor de los defensores públicos es crucial en estos procesos, velando por la estabilidad y bienestar de los menores.
En cuanto a la resolución de casos, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia concluyó 8.432 expedientes en 2024. Este dato refleja el compromiso de la institución en agilizar los procesos judiciales y garantizar respuestas oportunas a las familias y niños afectados.
El trabajo de la Defensa Pública no solo se limita a la representación legal, sino que también contribuye a la promoción y protección del derecho de los menores a vivir en familia. En un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades económicas y sociales, el acceso a una defensa legal eficiente se vuelve esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la niñez.
Las cifras expuestas en el informe evidencian la importancia de fortalecer los recursos y el apoyo a la Defensa Pública para que continúe con su labor de garantizar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. La sociedad y las instituciones deben seguir colaborando en la creación de un entorno seguro y protector para la infancia y la adolescencia en Paraguay.
