El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, por mayoría, apercibir al fiscal Benjamín Maricevich tras concluir que incurrió en mal desempeño de funciones al disponer la libertad de un hombre detenido en flagrancia luego de un presunto intento de asalto dentro de un ómnibus del transporte público. La propuesta fue impulsada por el miembro Enrique Berni, mientras que el ministro de la Corte César Garay votó por la remoción del agente fiscal.
El abogado Enrique Berni argumentó que, si bien se probó el mal desempeño en funciones, no corresponde una remoción ya que el fiscal cuenta con una larga trayectoria y no cuenta con sanciones, sumado a que en la causa no se configuró un perjuicio de extrema gravedad que motive la remoción.
El ministro Manuel Ramírez Candia acompañó la propuesta y añadió que el detenido tenía orden de captura, por lo que al ser aprehendido por la policía debía ser esta la que comunicara la detención al juzgado de garantía correspondiente. «El que tiene que cumplir o ejecutar la órdenes de las autoridades judiciales es la policía», mencionó.
Por su parte, el ministro César Garay sostuvo que el representante del Ministerio Público actuó con “desidia” y “displicencia” al momento de analizar el caso, señalando que existían suficientes elementos para mantener privado de libertad al sospechoso identificado como Pablo Riveros, quien había sido retenido por el chofer del colectivo tras un supuesto intento de robo agravado.
El ministro afirmó que el fiscal omitió revisar adecuadamente las constancias obrantes en la causa, pese a que el detenido contaba con antecedentes y una orden de captura vigente en otro proceso penal. Según manifestó, esa circunstancia debió ser considerada para evaluar el peligro de fuga y la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso.
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Garay recordó que el procedimiento policial dejó constancia de que Riveros fue aprehendido en flagrancia y que existían declaraciones de testigos pasajeros, además del informe policial y la denuncia del conductor del bus. A criterio del ministro, esos elementos constituían indicios suficientes para sostener la sospecha sobre la participación del detenido en el hecho investigado. En su exposición, cuestionó además que el fiscal haya fundamentado la liberación en la supuesta intención de la víctima de desistir de la denuncia.
Remarcó que el hecho investigado, tentativa de robo agravado, es un delito de acción penal pública y que su persecución no depende de la voluntad de la víctima. “El Ministerio Público tiene el deber de impulsar la acción penal pública y evitar la impunidad”, expresó Garay al citar disposiciones del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Añadió que la decisión de otorgar libertad al sospechoso generó preocupación por el impacto social de este tipo de hechos, especialmente en usuarios del transporte público.
El ministro también sostuvo que existían elementos objetivos para presumir peligro de fuga, debido a que el procesado habría permanecido prófugo durante varios años en otra investigación vinculada a hechos graves. Según explicó, la detención preventiva resultaba necesaria para garantizar la presencia del imputado en el proceso penal.
En ese contexto, Garay concluyó que el fiscal incurrió en incumplimientos graves de sus funciones y solicitó la remoción del agente del Ministerio Público, al considerar acreditadas causales previstas en la Ley Nº 6814/2021 sobre mal desempeño de magistrados y fiscales. Sin embargo, la postura no consiguió la mayoría necesaria dentro del Jurado. Finalmente, los miembros resolvieron aplicar únicamente un apercibimiento al fiscal Maricevich, sanción considerada menos gravosa que la remoción solicitada.
La decisión generó cuestionamientos durante la sesión, donde se debatió el alcance de las responsabilidades del Ministerio Público en casos de delitos violentos y la necesidad de garantizar respuestas acordes a los estándares legales y procesales. El caso se originó a partir de la liberación de un hombre detenido tras un intento de asalto en un bus del transporte público, situación que posteriormente motivó el enjuiciamiento del fiscal por parte del JEM.
