El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) auditó la actuación de la defensora pública Claudia Vázquez, luego de que dos docentes jubiladas denunciaran públicamente un supuesto maltrato y trabas burocráticas al acudir en busca de ayuda legal ante embargos relacionados con la denominada “mafia de los pagarés”.
La primera denunciante, Laura Mercedes Benítez García, relató haber viajado desde Villarrica hasta la sede de la Defensa Pública en Lambaré, donde, según dijo, fue maltratada por funcionarios y se le exigieron requisitos no previstos en la ley, como el certificado de vida y residencia. “Fue muy doloroso, me pusieron trabas y pedían documentos innecesarios en medio de mi lucha”, expresó Benítez en medios de comunicación.
Por su parte, la defensora pública Claudia Vázquez negó cualquier irregularidad y aseguró que atendió a la usuaria fuera del horario habitual, brindándole asistencia adaptada a su situación económica y geográfica. Explicó que solicitó el certificado cuestionado para evitar objeciones del Ministerio Público y evitar demoras en el proceso.
La auditoría interna realizada por el MDP no constató, en forma preliminar, irregularidades graves, aunque sí formuló observaciones. El director de Auditoría de Gestión Misional, Humberto Espínola Groselle, recomendó no exigir documentos que no estén expresamente previstos por la ley al tramitar el beneficio de litigar sin gastos.
Un segundo caso también generó controversia. La docente jubilada María Dominga Martínez Rodas declaró haber sido rebotada de varias instituciones, incluida la Defensa Pública, sin recibir la orientación necesaria. “Yo recorrí todo, fui operada, estaba convaleciente y cuando llegaba a los lugares, nadie me daba una solución”, dijo.
Durante la auditoría, Vázquez aseguró haber atendido personalmente a Martínez Rodas, quien no contaba con documentación al momento de la consulta y que se comprometió a regresar con los antecedentes. Según consta en el informe, ambas partes mantenían comunicación por mensajes de texto y voz y se le brindó la información judicial pertinente a través del sistema de consultas habilitado por la Corte Suprema.
La auditoría también recomendó a la Defensoría no trasladar a los usuarios la carga de conseguir información procesal básica como el estado de un expediente judicial y pidió que dicha búsqueda sea gestionada directamente por el defensor interviniente. Los auditores enfatizaron que la atención debe centrarse en la eficiencia, empatía y eliminación de barreras innecesarias, especialmente con sectores vulnerables como adultos mayores o personas afectadas por fraudes masivos.
