La fiscal Silvia González manifestó su conformidad con la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, quien dispuso elevar a juicio oral y público la causa conocida como “Merienda Escolar”, en la que se encuentran acusados el exsenador Rodolfo Friedmann, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, Lourdes González de Melgarejo y Eduardo Domínguez, por los presuntos hechos punibles de administración en provecho propio y lavado de dinero.
La representante del Ministerio Público señaló que el juzgado rechazó los incidentes y otros planteamientos formulados por las distintas defensas y, en consecuencia, resolvió que la causa continúe a la etapa del juicio oral y público, donde se debatirá la responsabilidad penal de los acusados. Afirmó que, atendiendo a los hechos atribuidos, la expectativa de pena podría alcanzar hasta los 10 años de pena privativa de libertad.
Admeás de ello, la fiscal González explicó que la acusación sostiene que Friedmann, durante su gestión como gobernador del departamento del cuarto departamento, habría mantenido participación e interés económico en la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), firma que resultó adjudicada con contratos para la provisión del almuerzo escolar en la gobernación.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el entonces gobernador habría obtenido un beneficio económico indebido a través de dicha sociedad comercial, pese a que su condición de funcionario electo y administrador de los bienes departamentales le impedía legalmente mantener intereses particulares en empresas contratistas del Estado.
“Decimos que es indebido porque él, en su calidad de gobernador, no podía tener participación en esa empresa”, expresó la fiscal, al señalar que, de acuerdo con la acusación, Friedmann habría favorecido a ESSA mediante una licitación pública para la provisión de alimentos destinados a instituciones educativas del departamento.
La agente fiscal sostuvo que, a criterio del Ministerio Público, los hechos investigados constituyen actos de corrupción, ya que el exgobernador habría utilizado su posición para beneficiar a una empresa de la cual obtenía réditos económicos. Agregó que otras personas fueron incorporadas a la estructura societaria y actualmente son consideradas cómplices del presunto esquema.
En relación con los coprocesados, González precisó que Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez se encuentran procesados como cómplices de la presunta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y lavado de dinero. Indicó que, según la investigación, estas personas habrían colaborado en el funcionamiento de la empresa y en la obtención de beneficios patrimoniales derivados de los contratos con la Gobernación del Guairá.
La fiscal también recordó que el exdiputado Éver Noguera, investigado en una causa conexa, ya fue previamente elevado a juicio oral y público. De acuerdo con la acusación, Noguera también habría participado en la misma sociedad comercial y está sindicado como cómplice dentro del esquema investigado.
La causa “Merienda Escolar” se originó a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de alimentación escolar durante la administración de Friedmann al frente de la Gobernación del Guairá. La investigación del Ministerio Público sostiene que la empresa adjudicada mantenía vínculos directos con el entonces gobernador, lo que habría generado beneficios económicos incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Con la resolución que elevó la causa a juicio oral y público, será un tribunal de sentencia el que deberá analizar las pruebas ofrecidas por las partes y determinar si se acredita o no la responsabilidad penal de los acusados en los hechos atribuidos por la Fiscalía.
