En el marco de la audiencia preliminar en el caso «merienda escolar, el exsenador y exgobaernador del Guairá, Rodolfo Max Friedmann, sostuvo que la acusación formulada en su contra no guarda relación con los delitos de lesión de confianza, enriquecimiento ilícito ni malversación de fondos y aseguró que, durante toda su trayectoria como funcionario, nunca se detectaron inconsistencias en su patrimonio.
Durante su declaración ante el juzgado, Friedmann explicó que, aunque su intervención sería breve y que la etapa procesal no estaba centrada en el análisis de fondo del caso, consideró necesario dejar constancia de su posición debido a que, según afirmó, no tuvo oportunidad de prestar declaración ante el Ministerio Público durante la etapa investigativa. Señaló que, cuando aún ejercía funciones como senador, solicitó copia de la carpeta fiscal, pero posteriormente no fue convocado nuevamente para exponer su versión de los hechos.
El exlegislador enfatizó que el proceso no versa sobre un supuesto desvío de recursos estatales ni sobre un incremento injustificado de su patrimonio. “No se trata de haberme quedado con ningún guaraní del Estado, ni de la Gobernación, ni de ningún fondo público”, expresó ante el tribunal, al tiempo de subrayar que sus declaraciones juradas de bienes, presentadas durante sus 13 años de servicio público, nunca fueron observadas por la Contraloría General de la República.
Asimismo, indicó que incluso dentro de la presente causa se realizaron verificaciones patrimoniales comparativas para analizar su situación antes y después de ocupar cargos públicos, sin que se detectaran irregularidades. Según manifestó, esos estudios confirmarían la consistencia de su patrimonio y respaldarían su posición de que no existió enriquecimiento indebido.
En relación con el proceso de contratación cuestionado, Friedmann se refirió a la provisión de almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Explicó que se trató de una licitación pública nacional en la que participaron entre tres y cuatro empresas y, cuya evaluación estuvo a cargo de un comité integrado por tres funcionarios de carrera de la Gobernación, quienes ya formaban parte de la institución antes de su administración.
El exgobernador sostuvo que la intervención de funcionarios técnicos y permanentes en la evaluación de las ofertas demuestra que el procedimiento se desarrolló dentro del marco legal y administrativo correspondiente. Según dijo, la selección de la empresa adjudicada no fue una decisión unilateral, sino el resultado de un proceso institucional sujeto a las reglas de contratación pública vigentes.
La causa se originó a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de alimentación escolar durante su gestión al frente de la Gobernación del Guairá. El caso tuvo amplia repercusión política y judicial y derivó en una acusación del Ministerio Público contra Friedmann y otros procesados. En etapas anteriores, la defensa del exsenador y la Fiscalía han sostenido posiciones contrapuestas sobre la legalidad del proceso licitatorio y la eventual existencia de perjuicio patrimonial al Estado.
Con su declaración, Friedmann buscó dejar asentado que, a su criterio, la causa no demuestra la apropiación de fondos públicos ni un enriquecimiento injustificado y que el procedimiento de contratación del almuerzo escolar fue llevado adelante mediante una licitación pública evaluada por funcionarios técnicos de la Gobernación.
