La Fiscal María Estefanía González presentó acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y otros exfuncionarios de su administración, en el marco de la causa abierta por la obra fallida del Metrobús. Se habla de un presunto perjuicio de aproximadamente US$ 24 millones.
La acusación es en contra los ciudadanos Ramón Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morinigo, y Guillermo Alcides Alcaráz Reisinger, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La agente presentó las pruebas periciales, testimoniales e instrumentales que fueron citadas en el requerimiento, con el objeto de que dichas pruebas y declaraciones sean producidas en el eventual juicio oral y público.
Según la hipótesis del Ministerio Público, fueron aprobados los contratos N° 2419/Oc-Pr por valor de US$ 47 millones y N° 2420/BI-PR por US$ 78 millones suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
En ese contexto, en fecha 19 de febrero del año 2016 fue adjudicada la empresa Motta – Engil Ingeniería y Construcción S.A., según resolución N° 182 de la misma fecha, emanada por el entonces Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, firmando como gerente Guillermo Alcaráz y como coordinador Pedro Vera Duarte. Dentro de dicha adjudicación, el exministro del MOPC y el apoderado general de Motta – Engil – Ingeniería y Construcción S.A., sucursal Paraguay, firmaron el contrato N° 100/2016 con Víctor Gómez Alves, representante legal.
De acuerdo a la acusación, Jiménez Gaona, en su carácter de Ministro “no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos». Un caso emblemático que estuvo a días de la prescripción debido a la ineptitud del Ministerio Público, que la ciudadanía espera que prospere y, si los hubiere, el castigo para los responsables del hecho punible.