A pedido de la Fiscalía el juez Humberto Otazú otorgó sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. Los fiscales ayer se ratificaron en la acusación y hoy cambiaron de postura afirmando que aún existen pericias contrapuestas y deben hacer más diligencias.
“El Ministerio Público fue el que finalmente rectificó su acusación y solicitó la figura del sobreseimiento provisional. Entre los fundamentos, el equipo de fiscales hace referencia a que, primariamente, existen pericias contrapuestas que fueron llevadas adelante por la Fiscalía, entonces, al tener este tipo de circunstancias y luego de analizar las pruebas que fueron ofrecidas por la defensa (más de 500), ellos entendieron que existen ciertas inconsistencias” dijo el Juez Otazú.
Con base en ello, los fiscales argumentan que, siguiendo con el criterio de objetividad, no pueden solicitar proseguir a la etapa procesal siguiente y, por ello, solicitaron el sobreseimiento provisional de los encausados a fin de llevar adelante varias diligencias a los efectos de poder esclarecer la contraposición de las primeras dos pericias que se llevaron adelante. También requerirán informes, nuevamente, a los municipios, con relación a las actividades que fueron o no solicitadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cuanto a la franja de dominio, las autorizaciones municipales correspondientes, que abarca a los municipios de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción.
“Entre otras diligencias también solicitaron la verificación y evaluación, nuevamente, de los causes hídricos que pudieron haber afectado la construcción de las obras, entre otras diligencias. Ellos solicitaron 15 diligencias puntualmente, pero el juzgado descartó la última, debido a que se hacía una referencia genérica a cualquier hecho que pueda surgir de lo llevado adelante. Entendemos que las diligencias deben ser precisas y concretas y que la investigación debe versar sobre los hechos que fueron investigados y analizados por el Ministerio Público” agregó.
Según la acusación, el perjuicio patrimonial es de Gs. 180.030.528.699. Entre las irregularidades, se menciona que no existió un proyecto final, nunca se obtuvo permiso de los municipios, no se liberó la franja de dominio del tramo 3, se pagó a dos consultorías por la misma labor siendo propiedad de un solo dueño, entre otros puntos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, fueron aprobados los contratos N° 2419/Oc-Pr por valor de US$ 47 millones y N° 2420/BI-PR por US$ 78 millones suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
En ese contexto, en fecha 19 de febrero del año 2016 fue adjudicada la empresa Motta – Engil Ingeniería y Construcción S.A., según resolución N° 182 de la misma fecha, emanada por el entonces Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, firmando como gerente Guillermo Alcaraz y como coordinador Pedro Vera Duarte. Dentro de dicha adjudicación, el exministro del MOPC y el apoderado general de Motta – Engil – Ingeniería y Construcción S.A., sucursal Paraguay, firmaron el contrato N° 100/2016 con Víctor Gómez Alves, representante legal.
De acuerdo a la acusación, Jiménez Gaona, en su carácter de Ministro “no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos». Un caso emblemático que estuvo a días de la prescripción debido a la ineptitud del Ministerio Público, que la ciudadanía espera que prospere y, si los hubiere, el castigo para los responsables del hecho punible.
