El juez de garantías Humberto Otazú ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Martha Benítez, quienes fueron investigados por lesión de confianza en el marco de la causa iniciada por el fallido proyecto del Metrobús.
Los fiscales Giovanni Grissetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle solicitaron el sobreseimiento definitivo tras concluir que durante la gestión de Jiménez Gaona no hubo actuación irregular, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) no pagó por prestaciones que no recibió.
Sin embargo, cabe destacar que, según la acusación sostenida al inicio por los mismos agentes, el perjuicio patrimonial sería de Gs. 180.030.528.699. Entre las irregularidades, se menciona que no existió un proyecto final, nunca se obtuvo permiso de los municipios, no se liberó la franja de dominio del tramo 3, se pagó a dos consultorías por la misma labor siendo propiedad de un solo dueño, entre otros puntos.
Según el escrito que había presentado el Ministerio Público, fueron aprobados los contratos N° 2419/Oc-Pr por valor de US$ 47 millones y N° 2420/BI-PR por US$ 78 millones suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
En ese contexto, en fecha 19 de febrero del año 2016 fue adjudicada la empresa Motta – Engil Ingeniería y Construcción S.A., según resolución N° 182 de la misma fecha, emanada por el entonces Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, firmando como gerente Guillermo Alcaráz y como coordinador Pedro Vera Duarte. Dentro de dicha adjudicación, el exministro del MOPC y el apoderado general de Motta – Engil – Ingeniería y Construcción S.A., sucursal Paraguay, firmaron el contrato N° 100/2016 con Víctor Gómez Alves, representante legal.
De acuerdo a la acusación, Jiménez Gaona, en su carácter de Ministro “no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos». A pesar de todo ello, ahora el Ministerio Público refiere que no hubo actuación irregular por parte de los mismos y, en consecuencia, el juzgado otorgó el sobreseimiento definitivo.
