El supuesto líder narco Miguel Ángel Servín Palacios, a través de su abogado Nelson López, recusó a la juez Rosarito Montanía y con ello suspendió la audiencia preliminar prevista para esta mañana. Señalan que la magistrada ya intervino en la primera causa por la cual Servín está siendo juzgado en juicio oral, que los hechos acusados son los mismos y que la Fiscalía cometió un error en no acumular ambas causas.
El defensor sostiene que Servín fue procesado en dos causas separadas que contienen, de manera idéntica, el mismo relato fáctico, los mismos elementos probatorios y la misma calificación jurídica vinculada al tráfico y comercialización de cocaína. Incluso, detalla que las imputaciones y acusaciones describen idénticos cargamentos, fechas, puertos y modus operandi, incluyendo la incautación de 2.331 kilogramos y 575 kilogramos de cocaína en el puerto privado Terport, así como un cargamento de 3.406 kilogramos hallado en Amberes, Bélgica.
La defensa alega que el desdoblamiento procesal viola lo dispuesto en el art. 50 inciso 6 del Código Procesal Penal (CPP) que establece como causal de separación del juez el haber intervenido anteriormente en la misma causa. También cita jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que advierte sobre el riesgo de litispendencia y cosa juzgada en estos casos.
El abogado afirma que su pedido no busca dilatar la audiencia preliminar, sino asegurar que su cliente sea juzgado por un tribunal competente e imparcial. Añade que, en el expediente previo, todas las incidencias planteadas por la defensa fueron rechazadas, lo que genera desconfianza sobre la imparcialidad futura de los mismos magistrados. La recusación también apunta al Camarista Arnulfo Arias, quien habría emitido varias resoluciones en el expediente anterior. Según el defensor, permitir que intervenga nuevamente implicaría una violación a la ley y al derecho a un juicio justo.
En su escrito, la defensa ofrece como prueba actas de imputación, acusaciones, autos de elevación a juicio y resoluciones de apelación, todas disponibles en el expediente electrónico, para demostrar que se trata de los mismos hechos y sujetos procesados en dos juicios distintos.
El planteamiento se basa en el argumento de que la permanencia de estos podría poner en riesgo derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
