La Fiscal Zunilda Ocampos Marín formuló acusación formal contra dos comerciantes identificados como José Antonio Díaz Bogarín y Juan Domingo Brizuela, por la presunta comisión de delitos ambientales en el distrito de Minga Guazú. La Fiscal solicitó la apertura de juicio oral y público ante el Juzgado Penal de Garantías n.º 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.
Los cargos presentados contra los acusados abarcan una serie de infracciones a leyes de protección ambiental, incluyendo la realización de actividades que atentan contra el equilibrio ecológico, la elusión de obligaciones en mitigación ambiental, la disposición inadecuada de productos fitosanitarios vencidos y envases vacíos; el procesamiento ilícito de desechos y la operación sin la debida evaluación de impacto ambiental. Estos delitos están contemplados en la Ley 716/96 del Medio Ambiente, la Ley 3742/2009, la Ley 294/1993 y el Código Penal.
La investigación revela que Díaz Bogarín y Brizuela operaban de manera irregular un lavadero de bidones en el km 20 de la Ruta Py02, sin contar con las habilitaciones correspondientes ni implementar medidas de mitigación. Se determinó que Díaz Bogarín era responsable del transporte y depósito de los envases, mientras que Brizuela gestionaba el local y se encargaba de la venta.
En el lugar, los acusados procesaban envases de fitosanitarios prohibidos, incluyendo tambores metálicos de 250 litros, envases plásticos de 1000 litros (tipo IBC) y bidones de 20 litros. Esta actividad generaba olores desagradables y contaminación que afectaba a la comunidad, ya que el lavadero carecía de fosas adecuadas para acumular el líquido resultante del lavado de los recipientes. Vecinos de la zona habían reportado las molestias causadas por el funcionamiento irregular del establecimiento.
La denuncia sobre el caso fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente el 27 de junio del 2024 por un denunciante anónimo, quien describió la gran cantidad de envases esparcidos en el sitio, generando molestias en la comunidad. Durante un allanamiento fiscal realizado el 06 de agosto del 2024, en cumplimiento de una orden judicial, se confirmaron las irregularidades denunciadas.
Durante el allanamiento, Juan Brizuela admitió la actividad irregular y la falta de documentación requerida, incluyendo la Licencia Ambiental, el Plan de Gestión, la patente municipal y la autorización del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Brizuela solo pudo mostrar una consulta previa sobre transporte de envases realizada por Díaz Bogarín. El local, un tinglado precario sin paredes laterales, almacenaba los envases a cielo abierto.
Un informe técnico del 12 de febrero de este año confirmó el incumplimiento normativo y el riesgo ambiental, señalando la falta de criterios técnicos y autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Con base en estas pruebas, la Fiscal Zunilda Ocampos formuló la acusación y solicitó el juicio oral y público para José Antonio Díaz Bogarín y Juan Domingo Brizuela.
