Consultado sobre las denuncias por supuesto desacato que involucran al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el viceministro Rubén Maciel explicó en entrevista con PDS Radio detalladamente las circunstancias que derivaron en esas presentaciones judiciales, realizadas por las magistradas María Luz Martínez y Rosarito Montanía, en causas distintas.
En el primer caso, la juez María Luz Martínez, presidenta de un Tribunal de Sentencia, denunció que el Ministerio de Justicia no habría respondido dentro del plazo a dos oficios remitidos a la institución. Sin embargo, Maciel sostuvo que el trámite administrativo siguió su curso habitual y que las respuestas fueron remitidas correctamente, aunque el plazo otorgado, de apenas 24 horas, resultó insuficiente para los procesos internos que implican la circulación de documentos entre distintas direcciones y dependencias.
“Los oficios fueron respondidos, tanto por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios como por el Viceministerio de Política Criminal. El retraso obedeció al procedimiento administrativo normal. Es importante entender que, en instituciones de gran tamaño, con varios niveles jerárquicos, los plazos judiciales deben ser compatibles con la operativa interna”, señaló Maciel, desestimando la existencia de desacato.
El segundo caso involucra a la juez penal de garantías Rosarito Montanía, quien denunció al ministro Nicora por el traslado de una mujer privada de libertad que se encontraba en la penitenciaría Serafina Dávalos, a pesar de una orden judicial de mantenerla en ese establecimiento. Según explicó Maciel, el traslado se enmarcó dentro del Operativo Umbral 2.4, un proceso de reorganización penitenciaria mediante el cual Serafina Dávalos fue redefinida como cárcel exclusiva para mujeres con hijos, embarazadas o enfermas.
“Esa disposición fue adoptada por resolución ministerial, considerando la infraestructura y la cercanía del penal con el Hospital General de Coronel Oviedo. La interna en cuestión fue trasladada al Complejo Penitenciario de Mujeres de Emboscada (COMPLE), un recinto más seguro y adecuado y se comunicó oportunamente al juzgado. Por lo tanto, no puede hablarse de desacato”, puntualizó el viceministro.
Asimismo, Maciel subrayó que el Ministerio de Justicia mantiene una relación de cooperación y respeto con los jueces de ejecución penal, quienes tienen la facultad legal de inspeccionar las penitenciarías y verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. “Nunca hubo obstaculización ni falta de comunicación. Todos los informes solicitados por los magistrados se responden en tiempo y forma, dentro de los márgenes razonables del procedimiento”, afirmó.
