El Ministerio de Justicia informó que en la madrugada del 01 de febrero se constató el faltante de cinco armas de fuego calibre 9 milímetros pertenecientes a la institución, durante un procedimiento rutinario de cambio de turno y control de armamento realizado en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
De acuerdo con el comunicado oficial, la irregularidad fue detectada específicamente en el Sector Armería del establecimiento penitenciario, en el marco de los controles reglamentarios que se realizan al inicio y cierre de cada turno. Ante esta situación, las autoridades penitenciarias activaron de inmediato los protocolos de seguridad institucional previstos para este tipo de hechos.
El Ministerio de Justicia señaló que la situación fue comunicada en forma inmediata a las autoridades competentes y que se formalizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que ya tomó intervención en el caso y dispuso la apertura de las diligencias investigativas necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.
En el plano administrativo y conforme a las normativas vigentes, los funcionarios que se encontraban de turno al momento en que se detectó el faltante fueron separados preventivamente de sus funciones. Los mismos quedaron a disposición de las instancias competentes, mientras avanzan tanto la investigación penal como los procedimientos administrativos internos.
Asimismo, se informó que se dio aviso y se estableció coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de articular acciones de control, prevención y apoyo operativo, en el marco de las medidas de seguridad adoptadas tras el hallazgo.
Paralelamente, la cartera de Justicia dispuso la implementación de medidas administrativas y de seguridad adicionales, entre ellas la revisión exhaustiva de los registros de custodia y asignación del armamento, así como el fortalecimiento de los controles internos dentro del recinto penitenciario.
El Ministerio de Justicia indicó que se encuentran en curso las acciones necesarias para la localización y eventual recuperación del armamento faltante y reiteró su compromiso de colaborar plenamente con los órganos de investigación para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el ámbito legal como administrativo.
