La directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Rosalía González, afirmó que el proceso de reinserción de personas privadas de libertad debe entenderse como una etapa que se consolida principalmente después del egreso del sistema penitenciario, durante una entrevista en los estudios de PDS Radio.
La funcionaria explicó que, dentro de los centros penitenciarios, lo que se realiza es un trabajo preparatorio mediante programas educativos, laborales, culturales y de capacitación, orientados a brindar herramientas que puedan ser utilizadas una vez recuperada la libertad. Señaló que la reintegración efectiva depende en gran medida de la aceptación social y de la posibilidad real de acceder a oportunidades en la comunidad.
En ese sentido, subrayó que el estigma social constituye uno de los principales obstáculos para evitar la reincidencia, ya que, según indicó, aun cuando las personas egresan con formación o con un oficio, la falta de apertura social puede limitar sus opciones y favorecer el retorno a conductas delictivas. Por ello, destacó la importancia de generar conciencia ciudadana sobre el rol de la comunidad en este proceso.
González también se refirió a la implementación de programas de servicio comunitario, habilitados por la Ley Nº 7621/25, que permiten por primera vez que personas privadas de libertad participen voluntariamente en trabajos en beneficio de la sociedad. Explicó que esta iniciativa, denominada internamente “Servicio que reconstruye”, busca tanto aportar a la comunidad como favorecer cambios personales en los participantes, en línea con principios de justicia restaurativa.
La directora precisó que la normativa introduce modificaciones en el régimen de redención de pena, otorgando mayor peso a la educación y estableciendo nuevas reglas para el cómputo de beneficios. Asimismo, aclaró que la ley excluye de estos programas a personas condenadas por delitos sexuales, conforme al texto legal aprobado y que la selección de participantes se realiza mediante perfiles específicos que consideran conducta, etapa de cumplimiento de pena y tipo de tareas a desarrollar.
Finalmente, mencionó que el primer plan piloto se ejecutó en coordinación con instituciones públicas en el departamento de Alto Paraná, donde un grupo de 12 personas privadas de libertad realizó labores de mantenimiento en instituciones educativas. Según indicó, la experiencia se desarrolló con acompañamiento institucional y sin incidentes y el programa queda abierto a nuevas iniciativas en coordinación con organismos públicos, privados y organizaciones sociales.
